Debe ser cierto

LAS RESPONSABILIDADES QUE OLLANTA HUMALA ASUME SOBRE EL CONTENIDO DE LAS AGENDAS

En determinadas condiciones, el comportamiento irracional se convierte en algo absolutamente convincente. Por eso, tiendo a pensar que el presidente Ollanta Humala dice la verdad cuando se reconoce el responsable por el contenido de las agendas ya reconocidas como propias por su esposa, Nadine Heredia.

De hecho, esta declaración no ayuda a nadie, ni a la defensa de la señora Heredia ni a la de su entorno. Al contrario, con estas afirmaciones el presidente acaba de confirmar los cargos contra su esposa y de crear un caso legal que antes no existía: el suyo propio.

Revisemos las consecuencias. Quien admite ser responsable por determinados hechos puede confirmarlos si su declaración es creíble, pero no adquiere el derecho a determinar las consecuencias de su propio reconocimiento.

Por supuesto, no adquiere el derecho a canjear su confesión por la exoneración de otros. Menos con una admisión parcial y tardía. Entonces, el caso contra la señora Heredia no se detendrá por esto.

Al contrario, el reconocimiento de responsabilidad del presidente confirma que las agendas contienen referencias a fondos que la cúpula del nacionalismo ha manejado. Asimismo decisiones adoptadas de manera consciente y compartida sobre el modo de asignarlos a determinados fines.

Además, la evidencia indica que los fondos han sido asignados en algún porcentaje al sostenimiento de gastos personales, en algún otro (no está claro cuánto) al sostenimiento de gastos políticos y en alguno (esto parece ser lo nuevo, a partir de las conclusiones de fiscalización) a formar fondo de reserva, sin declaraciones a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ni a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) de por medio y con varias simulaciones en el camino.

En estas condiciones, ya estamos ante un caso legal en forma. Y el caso ya es grave, pero puede serlo más si los saldos obtenidos en estos procesos han sido encubiertos para esconderlos o reinvertirlos, o si han sido mantenidos fuera del sistema para obtener ganancias adicionales en negocios ilícitos, como la explotación clandestina de minerales.

La evidencia reunida parece seguir, todavía, lejos de esto. Sin embargo, las cosas pueden cambiar de manera dramática en poco tiempo. Y cambiarían más drásticamente si resultara (espero que esto no ocurra) que los fondos o parte de los fondos se originaron en negocios visiblemente clandestinos.

Siempre pensé que este no era un caso sobre lavado de activos. Los hallazgos recientes no me han llevado a cambiar de opinión aún, pero me dejan ver que nuevas investigaciones y más hechos pueden cambiar el eje de las cosas.

Así, creo que sería recomendable que el presidente y su esposa consideraran optar por el camino más corto y útil institucionalmente que el sistema legal ofrece para este tipo de circunstancias. Es decir, clausurar la escena plagada de incertidumbres que ahora tenemos con un acuerdo con la fiscalía que despeje toda duda y, a base de un reconocimiento conjunto de las responsabilidades que ya parece inevitable reconocer, pongan punto final a una historia que parece conducir al despeñadero de un juicio extenso y desgastante.

Un juicio para llegar al mismo lugar o a uno peor parece innecesario.