La detención de Mollohuanca
César Azabache Caracciolo
En un interesante artículo don Juan Monroy Gálvez calificó hace sólo unos días como groseramente inconstitucional que el caso Mollohuanca fuera transferido de Espinar a Ica (El Comercio 12/06/2012). El profesor Monroy reclama la transferencia efectuada como una violación al derecho de toda persona a ser juzgada por el Juez determinado previamente por la ley. Los hechos ocurrieron en Espinar y, en consecuencia, el caso debió ser mantenido en Espinar, sugiere el artículo. El texto reconoce que el Código Procesal permite hacer excepciones a las reglas usuales de competencia por razones de orden público, pero denuncia que la imprecisión de este concepto hace difícilmente tolerable su empleo en un caso como el descrito.
Como siempre, don Juan tiene razón en los fundamentos. Pero creo que esta vez la conclusión merece algunos matices. Es innegable que no puede bastar con invocar abstractas razones de orden público para justificar medidas que afectan derechos fundamentales. Y el derecho al juez predeterminado por la ley es, en efecto, un derecho fundamental. Los derechos fundamentales son un límite a nuestras reacciones defensivas, y por ende merecen ser tomados en serio especialmente para equilibrar nuestros primeros impulsos. Pero esto no hace automáticamente inconstitucional efectuar un traslado como el que se efectuó. Lo que hace es obligar al judicial a controlar con mucho rigor las razones de hecho que puedan alegarse para justificar la medida de excepción. Y, especialmente, hace obligatorio al judicial controlar con extremada cautela la intensidad de la medida específica que se quiere adoptar en función a los objetivos que la Fiscalía proponga y a los límites que corresponda imponer al procedimiento construido en estas condiciones.
No se trata entonces de declarar que se traslada a alguien por razones de orden público a secas. Quien solicita un traslado de competencia como el que se realizó en el caso del alcalde Mollohuanca debe explicar con claridad qué está pasando, por qué es necesario el traslado, bajo qué condiciones propone efectuarlo y por qué se elige determinado lugar como sede del procedimiento y, de ser el caso, de la detención del investigado. El uso equilibrado de este tipo de medidas requeriría, además, que el caso sea sometido a la jurisdicción de la Sala Penal Nacional, competente en toda la república, y no a una jurisdicción distrital cualquiera elegida por razones administrativas y no por razones legales. De esta manera, el traslado se reduciría a producir un “cambio de sede” en las manos de un juez competente, como manda la Constitución, por razones previamente fijadas en la ley, por ejemplo, el carácter violento de los hechos que se quiere llevar a juicio.
Si alguna falla puede observarse en el modo en que se manejó el caso del alcalde Mollohuanca probablemente sea la falta de coordinación que aún padecemos entre las reglas del traslado de competencia y las normas que regulan nuestra Sala Penal Nacional. Digo entonces que si el traslado del alcalde Mollohuanca tenía algún sentido, en las condiciones específicas de la violencia desatadas en Espinar, probablemente habría sido más claro entregar el caso a la Sala Penal Nacional y no a un distrito judicial que pareció elegido más o menos al azar, y recluirlo mientras duró su detención en la capital del Cusco y no en Ica.
El desenlace de esta historia prueba que aún no tenemos un protocolo que nos permita juzgar casos como éste de manera sostenible. Y en el tiempo presente fijar condiciones aceptables para organizar casos legales que correspondan a nuestra necesidad de contener la violencia local constituye más que una urgencia.