El caso se refiere a la segunda revisión superior de la compra de 800 camionetas Hyundai destinadas a ser empleadas como patrulleros inteligentes. La compra se realizó el 19 de diciembre de 2012 y ha sido investigada por el Ministerio Público desde diciembre de 2016, atendiendo a las conclusiones a las que llegó la Contraloría el 22 de noviembre del 2016, después de revisar el proceso por segunda vez (carpeta de control 0022-2016-CG/OPER-AC-CC; informe 489-2016). La investigación desde el inició no incluyó a Patricia Siboney Muñoz. Ella fue incorporada a la investigación a propósito de una ampliación de las investigaciones.
En la primera revisión del proceso cerrada en diciembre del 2014, la Contraloría no registró observaciones (informe 1027-2014).
De acuerdo al segundo informe de la Contraloría los representantes del Ministerio del Interior y de la PNP iniciaron negociaciones con el gobierno de Corea sin un requerimiento formal del área usuaria y sin un estudio del mercado local. El informe de la Contraloría sostiene que se dio preferencia a la propuesta del gobierno coreano sin considerar las propuestas de los gobiernos de Canadá, España y China. La contraloría observó que el contrato haya incluido un pago por US$ 870 mil por gastos de administración y gestión de proyectos que encuentra no justificados. Además sostiene que las camionetas fueron recibidas sin que se realice pruebas que considera necesarias y que el contrato no contiene un servicio de mantenimiento de los vehículos ni garantía alguna.
El caso ha sido desestimado dos veces, en julio de 2019 y en febrero de 2020. La segunda investigación sobre los hechos fue ordenada en setiembre de 2019 por el Fiscal Superior Miranda Orillo (1º Fiscalía Superior Especializada), que encontró que la primera desestimación había tomado sus fundamentos del primer informe de la Contraloría, sin considerar las observaciones contenidas en el segundo informe. Al ordenar la reapertura de las investigaciones el Fiscal Miranda Orrillo ordenó además que se incluya como investigada a Siboney Muñoz Toia, Directora de la Oficina General de Administración del Ministerio del Interior al momento de los hechos, entre otros 10 funcionarios de la época1.
Como plan de defensa, hicimos notar al Fiscal Provincial que la señora Muñoz Toia trabajó en el Ministerio desde el 18 de agosto del 2011 hasta el 1 de julio del 2012, 5 meses antes de que la compra de las camionetas. Es decir, 5 meses de los hechos investigados. En ese tiempo la única intervención de la señora Muñoz Toia en la historia del caso fue su asistencia a una reunión celebrada el 11 de abril del 2012 en la que se presentó una radio como alternativa de comunicación. En esa reunión no se adoptó ningún acuerdo o compromiso, sea por parte del privado o del Estado. Para entonces el proceso que desembocó en la firma del contrato de diciembre de 2012 no había comenzado.
El último pedido de revisión superior de este caso fue presentado por la Procuraduría el 2 de marzo del 2020. Los autos fueron elevados a la Fiscalía Superior Especializada en julio del 2020. En agosto del 2020, una vez reiniciadas las labores ex post cuarentena, tomamos contacto con la Fiscalía Superior y tuvimos una entrevista telefónica con el Fiscal Oscar Miranda. En esa ocasión le expusimos las razones por las cuales el recurso de elevación del procurador debería declararse infundado. Conforme explicamos a la fiscalía el procurador insistía vanamente en cuestionar puntos que ya fueron aclarados en la investigados. Además continuaba postulando que la señora Siboney Muñoz se encontraba relacionada a los hechos investigados a pesar de que su intervención fue solo accidental en una reunión que no vinculó al Estado y que fue muy anterior al contrato.
Por estos argumentos, el Fiscal Superior declaró infundado el recurso de elevación del procurador, por lo que el caso quedó cerrado definitivamente.
- Gladys Cecilia Gil Candia, Fredy Macario – Zelaya Herrera, Gloria Mercedes Flores Matienzo, Mario Alexander Atarama Cordero, Gonzalo Raul Ames Ramello, Edwin Luis Revilla Garcia, Rene Rodríguez Guzman, Juan Francisco Sáenz Ordoñez, Juan Carlos Salgado Pineda y Raul Enrique Robles Gamer