En febrero del 2019, RAG denunció a un grupo de directivos y abogados de una empresa dedicada a inversiones en educación NG, por las condiciones en que él mismo vendió, entre los años 2012 y el 2017, el total de sus participaciones en la universidad UTP por US$ 204 millones.
En la denuncia RAG pretendió que el banco del grupo económico al que pertenece NG, del que la universidad se había hecho cliente, lo había llevado deliberadamente a una situación de extrema iliquidez que lo obligó, en medio de amenazas y extorsiones, a vender. Sostuvo que en ese periodo el bando ofreció a la universidad créditos que no se concretaron en la dimensión que él esperaba; que la oferta de esos créditos lo llevaron (jamás explicó cómo) a rechazar otros créditos de otros bancos y que, de alguna manera que tampoco explicó NG utilizó a su favor la información que él entregó a ese banco y sobornó (no explicó cómo) a sus asesores para que recomendaran la firma de los instrumentos de venta.
El 3 de octubre del 2019, la Fiscalía Provincial Especializada en Crimen Organizado archivó la investigación en todos sus extremos. La decisión fue recurrida y la Fiscalía Superior en Crimen Organizado ordenó ampliarla. El 11 de marzo del 2022, la Fiscalía Provincial Especializada en Crimen Organizado volvió archivo la investigación en todos sus extremos. El 16 de agosto del 2020, la Fiscalía Superior en Crimen Organizado confirmó el archivo, pero ordenó que un fiscal competente para la investigación de delitos comunes se pronuncie también.
El 11 de junio y el 16 de agosto de 2021 un fiscal provincial y uno superior especializados en delitos comunes desestimaron el caso de manera definitiva.