En enero de 1999, la Superintendencia de Banca y Seguros advirtió al Banco Wiese Ltdo. que la continuidad de su operación requería un inmediato incremento de provisiones hasta por US$ 240 millones, y que si no los obtenía sería intervenido en cinco meses. En medio de la crisis de 1997, el Banco no encontró mejor salida que aumentar su capital incorporando en su accionariado al grupo Sudameris.
La operación no pudo ser cerrada por el enorme peso que los pasivos del Banco generaban sobre su patrimonio. Viendo que la intervención era inminente, y que su realización costaría al Estado más de US$ 1,000 millones (considerando la cobertura del fondos de seguro, los depósitos no garantizados del Estado y los créditos de COFIDE cuya recuperación se perjudicarían), el Ejecutivo aceptó respaldar la operación. El respaldo del Estado se hizo efectivo mediante el aval a un fideicomiso que concentraría la cartera de difícil cobranza del banco, que fue apartada de sus pasivos y neutralizada en su impacto sobre el banco por el aval. El Estado aceptó como garantía del aval la propia cartera fideicometida y un paquete de acciones del propio banco. El aval fue otorgado por US$ 185 millones a 10 años, o US$ 350 millones a su vencimiento considerando intereses.
En julio de 2002, el Congreso de la República solicitó a la Fiscalía investigar las condiciones en que se había otorgado este del aval bajo las reglas del delito por colusión. En octubre de 2004, la Fiscalía denunció a los funcionarios del Ejecutivo que intervinieron en la operación y a 18 personas, accionistas del banco y representantes del Grupo Sudameris, por el otorgamiento del aval. El Juzgado inició el procedimiento de instrucción en noviembre de 2004.
En diciembre de 2004 la Fiscalía de la Nación desestimó los cargos propuestos por los mismos hechos el ex Ministro de Economía, Víctor Joy Way. El 28 de abril de 2006 los cargos contra el Superintendente y la Superintendente Adjunta de Banca, Naranjo Landerer y Socorro Heysen, fueron también desestimados. Durante el procedimiento de instrucción, dos informes de economistas confirmaron que, de no haberse avalado la operación, el Estado habría perdido de manera directa US$ 1,000 millones, por lo que la exposición futura a perder, eventualmente, US$ 385 resultaba razonable. En todo caso, el aval fue dejado sin efecto en junio de 2006, como parte de una operación en la que las acciones del banco en poder del Grupo Sudameris fueron transferidas al Banco Scotia (operación aprobada por el Decreto Supremos 086-2006-EF).
En setiembre del 2007 la Fiscalía propuso el sobreseimiento del caso. En enero del 2008 la Sala aprobó el sobreseimiento por mayoría. El abril la Fiscalía Suprema ratificó el sobreseimiento, que en consecuencia fue confirmado por Ejecutoria de junio de 2008.
