Una simple cuestión de votos
Tomo el título de esta nota de una de las muchas conversaciones que se produjeron a finales de diciembre, cuando se discutía en todas las salas y mesas lo que sería el destino final del caso parlamentario por vacancia planteado contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Escuché la frase en boca de un personaje intachable, por cierto, que afirmaba que el presidente debía lograr como objetivo que la moción no alcanzara los 87 votos necesarios para aprobarla. Esto y punto.
Por entonces yo insistía en sostener (aún lo hago) que la cuestión sobre la incapacidad moral del presidente era antes que nada una cuestión de moralidad pública y que las cuestiones de moralidad pública solo pueden resolverse de manera estable en el equilibrio que ofrecen los debates reflexivos. Mi propuesta fue que se invite a un grupo de notables a opinar sobre el caso antes de tomar una decisión definitiva. Impregnar de moralidad el debate era para mí el objetivo. Pero mi interlocutor y el Congreso en pleno después prefirieron enfocar la cuestión como un asunto a votarse “y ya”.
Los hechos posteriores muestran que mi interlocutor se equivocó. De hecho, la historia de Westfield y First Capital podría ni siquiera haber terminado.
La votación en la noche de la vacancia se produjo sin que las incógnitas que el caso deja enunciadas sean despejadas. No ha quedado claro si aquí se cometió un delito o no y por quiénes exactamente. Tampoco si la reacción Kuczynski/empresas/Sepúlveda se aplicó solo en este caso por error o constituía en realidad “una manera de hacer las cosas” habitual. Aquella noche los debates se cerraron con una precipitación que ha impedido que la fiscalía tenga tiempo suficiente para decidir qué debe hacer (aún no lo ha decidido) con la renuncia que el presidente hizo apenas unas noches antes a la protección que le brindaba el secreto de su propia información bancaria.
En las declaraciones del 14 de diciembre, además, el mandatario no solo renunció a su secreto bancario. Aceptó someterse a las investigaciones que sobre estos hechos inicie el Ministerio Público. Al hacer esto el presidente Kuczynski ha entregado al fiscal de la Nación el derecho a organizar un caso provisional que le permita indagar el sentido de las operaciones registradas en sus cuentas. En todas ellas. La renuncia al secreto bancario, efectuada antes de la sesión del Congreso, implica una renuncia parcial a la inmunidad que impedía investigarlo.
Entonces, ¿se cerró en verdad este asunto solo porque una hábil estratagema de pasillos impidió que la moción de vacancia obtenga los 87 votos que necesitaba para ser aprobada? ¿O la cuestión sigue abierta hasta que el fiscal de la Nación decida qué va a hacer con la renuncia parcial que hizo públicamente el presidente Kuczynski a su propia inmunidad?
Ocurre que las discusiones sobre asuntos de moral pública jamás terminan con una votación, cuando es el Congreso la sede que concentra los debates. Las cuestiones sobre moralidad pública resisten a los primeros resultados, favorezcan a quien favorezcan, y regresan una y otra vez, investidas de nuevos formatos y de nuevas aproximaciones a los hechos y al sentido de las reglas puestas en discusión.
En este caso la cuestión que no ha terminado de discutirse entre nosotros involucra las prohibiciones (aparentemente no respetadas) que limitan (o deben limitar) el comportamiento profesional de un ministro de Estado. Pero al modo en que han ocurrido las cosas, la cuestión ahora incluye nuestras expectativas sobre el modo en que debería proceder una personalidad como el presidente de la República cuando se descubre en su pasado un evento al menos inapropiado que pone en cuestión su responsabilidad.
Ahora se extiende también a una tercera cuestión: ¿Cómo debemos manejarnos como sociedad cuando un evento como el Caso Westfield y First Capital horada los fundamentos de la legitimidad presidencial hasta el límite, pero sin consecuencias? ¿Qué debemos hacer con las dudas que el caso ha dejado durante todo el tiempo que resta hasta el 2021? ¿Puede –como yo estimo– continuarse con esta historia partiendo de la renuncia parcial que el propio presidente hizo, en público, a su inmunidad y al secreto que antes de ese día protegía sus cuentas bancarias?
Las cuestiones relacionadas con la moralidad pública son siempre asuntos políticos. Y la política, entendida con mayúsculas, no consiste en la habilidad puesta en movimiento para retener un trono o un cargo. La política consiste en la construcción de situaciones equilibradas, que puedan sostenerse en el tiempo en función a su propio rendimiento institucional. Y en el caso de la vacancia, por cierto, no se ha construido nada que se parezca a una situación sostenible en el tiempo.
¿Era entonces esta “una simple cuestión de votos”?
Publicado en El Comercio el lunes 22 de enero de 2018