Durante el año 2010 los grupos Wong y Bustamante disputaron intensamente el control de la azucarera Andahuasi, una de las principales del medio, mediante procesos agresivos de compra de acciones. CONASEV intervino en el proceso a partir de julio, cuando logró identificar que ambos grupos habían rebasado los topes legales para compras directas sin realizar Ofertas Públicas de Adquisición (“OPAs”).
El grupo Wong aceptó los términos de la intervención y solicitó autorización para organizar una OPA. El grupo Bustamante no aceptó la intervención y obtuvo una orden judicial que suspendió la OPA indicada por el grupo Wong. La decisión fue acatada por el directorio de inmediato. Sin embargo la orden fue levantada en octubre de 2010, con lo que la OPA fue reabierta por el directorio de Conasev también inmediatamente.
En respuesta el grupo Bustamante denunció que CONASEV había procedido esta segunda vez extremadamente rápido, sugiriendo que la decisión tenía que ser producto de un acto de corrupción, pero que ella misma constituía un caso de abuso de autoridad e incluso de fraude informático, debido a que el reinicio del procedimiento fue registrado como hechos de importancia en el portal de Conasev.
En noviembre del 2011 la Fiscalía de la Nación archivó los cargos presentados por los mismos hechos contra el Procurador de CONASEV, que reportó el levantamiento de la suspensión al directorio . El mismo mes fueron desestimados los cargos por corrupción propuestos contra los demás denunciados.
Sin embargo, a consecuencia de una decisión del judicial que entrega la competencia para decidir sobre delitos comunes a fiscales distintos a los fiscales designados para supuestos casos de corrupción, los antecedentes fueron entregados a un segundo fiscal, que desestimó los cargos por los demás delitos. A pesar de ello, por orden superior, los cargos por delito informático y abuso de autoridad fueron formalizados ante el judicial en abril del 2013. En octubre los cargos fueron desestimados por el judicial, pero en setiembre de 2014 el procedimiento se entrampó a consecuencia de una controversia desarrollada al interior del Ministerio Público sobre la necesidad de aplicar al caso o no las normas sobre privilegios procesales de los miembros del Directorio de la Superintendencia del Mercado de Valores (que reemplazó a la Conasev). Los miembros del Directorio de la Superintendencia sólo pueden ser llevados a proceso con autorización de la Fiscalía de la Nación. La norma está en vigencia desde julio de 2011, pero durante el procedimiento el Ministerio Público había desestimado su aplicación al caso antes de aprobar la desestimación de los cargos originales sobre corrupción.
Luego de varias idas y vueltas, en diciembre del 2016 la Fiscalía de la Nación declaró que la regla sobre prescripción impedía mantener la controversia abierta por más tiempo. Con esta decisión el caso fue desestimado.