En noviembre del 2006, Strike Resources Limited acordó con los accionistas originales de Apurímac Ferrum S.A. (Minera Los Andes y El Pacifico S.A. ”MAPSA” y D&C Group S.A.C), la adquisición del derecho a convertir en acciones las inversiones que hiciera para la explotación de las concesiones comprendidas en los proyectos de la Empresa (Apurimac Ferrum) a su sola decisión, a través de una opción de compra.
Strike decidió ejercer ese derecho en mayo de 2008, comunicando la decisión a D&C a través de una carta notarial y usando firmas electrónicas en la suscripción de los documentos preparados para estos efectos.
En junio del mismo año D&C solicitó a una jueza comercial en Lima dejar sin efecto los derechos de Strike. La jueza suspendió los derechos de Strike, pero levantó la suspensión cuando confirmó que la opción había sido hecha efectiva antes que notificara la orden. En julio D&C solicitó una investigación de la fiscalía sobre los dos ejecutivos de Strike, que ejercieron la opción, sosteniendo que usar firmas digitales era lo mismo que falsificar documentos y sustraer de la empresa sus acciones.
La investigación policial produjo 79 evidencias, dentro de las cuales se encontraban informes de los peritos grafotécnicos, que confirmaban que las firmas empleadas en las cartas mencionadas anteriormente no eran falsas, sino digitales. También se presentaron documentos intercambiados entre Strike y D&C, de ida y vuelta. Además, se presentaron múltiples informes legales referentes a la posibilidad de emplear firmas digitales en estos casos y al alcance sobre las reglas de hurto, de imposible aplicación a un caso en el que se discutía la vigencia de derechos abstractos no expresados en documento alguno.
En mayo del 2009 la fiscalía archivó definitivamente el caso sobre la base de las evidencias e informes presentados por Strike en la fase de investigación penal.
No se presentó ningún recurso contra esta decisión.