LA INVESTIGACIÓN A LA PAREJA PRESIDENCIAL
Capítulo inicial
Entre otras cosas, la fiscalía ha presentado un caso que muestra a la pareja Humala-Heredia introduciendo al sistema, a través de las elecciones del 2011, fondos de origen incierto de manera encubierta y en volúmenes alarmantes. Con esto basta y sobra para llevar el caso a juicio. Mentir a las autoridades electorales es suficientemente grave para sostener un caso penal. Más si el engaño parece dirigido a mantener en el anonimato a donantes inapropiados, entre ellos, aparentemente, empresas que contratan o contrataban con el Estado y que debían haberse mantenido al margen del proceso.
Pero la opción por el encubrimiento es aun más grave si, como sostiene la fiscalía, el esquema fue organizado para mantener en las sombras la verdadera cantidad de dinero acopiada y permitir que se genere un fondo clandestino dirigido a sostener el estándar de vida de la pareja sin revelar al fisco la verdadera cantidad de ingresos que tenía a su disposición. Las diferencias entre las anotaciones de las agendas y los gastos electorales efectivamente declarados a la administración electoral abonan en esa dirección. La evidencia conduce entonces claramente a un fraude electoral por falsedad y a un fraude tributario por encubrimiento. Y esto basta para tener un caso grave, incluso aunque al cabo de los cuatro meses que durarán las restricciones impuestas hasta ahora no se complete el caso por lavado de activos.
El caso por lavado requiere que la lista de aportantes incluya a “mafiosos a tiempo completo” o que se establezca con precisión una ruta específica de inversiones encubiertas organizadas para hacer rentables o mantener ocultos los fondos acopiados que han provocado esta investigación. Por cierto, un caso por lavado debería desembocar en la incautación de los saldos que se conserven sin gastar, pero para eso es preciso aún ubicarlos. En esta parte la historia parece estar todavía en reconstrucción y es probable que cuatro meses no sean suficientes para terminar de escribirla. Pero que queden aspectos pendientes no significa que el caso vaya a desmoronarse. La fiscalía tiene herramientas suficientes para “desenganchar” el caso de las incógnitas que no puedan despejarse cuando sea oportuno hacerlo.
Especialmente las preguntas asociadas a la llamada “ruta de Venezuela” pueden contestarse luego, cuando las condiciones políticas en Caracas hagan posible establecer si el humalismo del 2006 se financió o no con base en un desfalco. Mientras, cuando concluyan los cuatro meses que siguen, será posible proseguir con lo que ya está probado sin necesidad de enredos innecesarios provocados por una sana pero poco productiva ambición por preparar el caso perfecto.
Si las comprensiblemente ambiciosas metas que se ha puesto la fiscalía no se alcanzaran en este período, nada impide que el caso se reorganice y algún tiempo después se regrese sobre los aspectos que puedan quedar incompletos en primer momento.
Es posible que un caso parcial, limitado a los cargos por defraudación tributaria y falsas declaraciones a la autoridad electoral, nos resulte insuficientemente para expresar el fastidio que todos sentimos ante lo que parece haber ocurrido con ocasión a las dos últimas elecciones. Pero el sacrificio provisional de una parte de esta historia es un buen precio a pagar a cambio de tener una primera respuesta institucional sin demoras o retrasos innecesarios. A fin de cuentas, esta historia no tiene por qué acabar en su capítulo inicial.
Publicado en El Comercio el lunes 27 de junio del 2016