En enero de 2007, César Álvarez Aguilar fue elegido presidente del Gobierno Regional de Áncash. El 13 julio de 2011 la Fiscalía Anticorrupción allanó la casa donde funcionaba la empresa Ilios Producciones perteneciente a Martin Belaunde Lossio. Un ex aliado político, Juan Calderón Altamirano, informó a la Fiscalía sobre un edificio ubicado en una urbanización de Chimbote, capital de la provincia de Santa, conocido como «La Centralita» en el que se coordinaban asesinatos, extorsiones, interceptaciones telefónicas entre otras actividades ilícitas dirigidas a mantener a César Álvarez en el poder ocultando las más de 600 denuncias en su contra, sobornando a periodistas y contratando sicarios para asesinar a sus opositores. El presidente regional y su asesor fueron denunciados por el presunto pago de sobornos a jueces, fiscales y periodistas. El entonces congresista de Solidaridad Nacional Heriberto Benitez acudió al inmueble durante la intervención y dijo a un periodista de un medio local estar alquilando un departamento en el edifico. Martín Belaunde Lossio declaró por su parte que en la propiedad funcionaba su empresa de comunicaciones Ilios Producciones que según dijo había sido contratada por César Alvarez para promocionar su trabajo en el gobierno regional.
Cuatro fiscales que investigaban a César Álvarez fueron destituidos por el Fiscal de la Nación, José Peláez Bardales luego del allanamiento: el coordinador de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, César Jiménez Rodríguez, el fiscal provincial titular Anticorrupción, Javier Estrada Rodríguez y los adjuntos Miguel Ángel Vilca Zavala y Cristian Enrique Aceijas Silva.
El 14 de marzo de 2014 el ex consejero regional de Áncash, Ezequiel Nolasco Campos es asesinado cuando regresaba de Lima a Chimbote. No era la primera vez que era víctima de un atentado en su contra, en el 2010 un sicario ingresó a su casa y asesinó a su hijo luego de intentar dispararle. Desde entonces recibió amenazas de muerte constantemente. En el 2013 fue asesinada la principal testigo de este caso. El ex consejero regional era el principal opositor a la gestión de César Álvarez, denunció irregularidades en la ejecución de proyectos valorizados en un total de S/ 840 millones e hizo pública su candidatura a la presidencia de la región.
Luego de la muerte de Ezequiel Nolasco el congreso instauró una comisión multipartidaria encargada de investigar al gobierno regional de Áncash. En mayo de 2014, el congresista de Perú Posible Modesto Julca, denunció que su colega de Solidaridad Nacional, Heriberto Benitez interfirió en el allanamiento de “La Centralita”. El parlamentario tenía registrado como domicilio en la RENIEC este inmueble. También denunció al fiscal Ramos Heredia por encubrir las actividades ilícitas de César Álvarez al no investigar al ex presidente de la Junta de Fiscales del Santa, Hugo Farro, quien habría interferido en las investigaciones contra el gobernador regional, así como el fiscal de la nación José Peláez Bardales quien desestimó demandas en su contra por presunto enriquecimiento ilícito en el 2011 y 2013.
En mayo, la Procuraduría Anticorrupción envió a la Fiscalía un informe en el que detallaba la organización de una red criminal liderada por César Álvarez con el objetivo de garantizar su permanencia en el cargo, intimidando y asesinando a sus enemigos y sobornando a jueces, fiscales y periodistas para ocultar las denuncias en su contra. La cúpula estaba integrada por el alcalde del Santa, Luis Arroyo Rojas; los congresistas Heriberto Benitez y Víctor Crisólogo, el abogado Rodolfo Orellana, el empresario Martín Belaunde, y Jorge Burgos, encargado de la imagen del presidente regional.
César Álvarez fue arrestado el 16 de mayo, el juez Marco Aurelio Tejada Ortiz ordenó su captura junto con la de otros 29 implicados en el asesinato de Ezequiel Nolasco, acusados de los presuntos delitos de asociación ilícita y homicidio calificado.
El Titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Santa, Richard Concepción Carhuancho dictó 18 meses de prisión preventiva para César Alvarez, el alcalde de la provincia del Santa, Luis Arroyo Rojas y Martin Belaunde Lossio por el caso “La Centralita” en el que se lo acusaba de asociación ilícita y peculado.
A fines de mayo, el Ministerio Público denunció penalmente a César Álvarez por el delito de homicidio calificado en contra de los ex consejeros José Luis Sánchez Milla y Ezequiel Nolasco, así como por la muerte del hijo de este último. También fue acusado por asociación ilícita para delinquir, por dirigir una organización delictiva destinada a apropiarse de recursos de la región. En junio, César Álvarez recibió 36 meses de prisión preventiva por el asesinato de su ex consejero regional.
Según el preinforme de la Comisión Áncash su organización criminal manejó irregularmente un aproximado de S/ 1414 millones.
César Álvarez fue acusado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión debido a la difusión de un audio en mayo de 2015 en el que se lo escucha hablar con el consejero de la provincia de Corongo, Jorge Marreros, dejando en evidencia la influencia del ex gobernador en el Poder Judicial de Chimbote. El 26 de julio, dictan nuevamente prisión preventiva en su contra, esta vez el homicidio de Hilda Saldarriaga Bracamonte, principal testigo en el primer atentado contra Ezequiel Nolasco en el que fue asesinado su hijo.
En el 2017, en el marco de las investigaciones sobre la licitación de la carretera San Luis-Chacas, se encontraron indicios de que la empresa off shore Circuit Planet Limited, vinculada al ciudadano israelí Mario Fatelevich y que habría obtenido la licitación durante la gestión de César Álvarez, recibió US$ 2,4 millones de sobornos del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht.
El programa periodístico «Cuarto poder» difundió las órdenes de pago que la constructora entregó a la fiscalía entre las que se ven cuatro abonos de US$600 mil desde una cuenta destinada al pago de sobornos a una cuenta off shore de la empresa Cirkuit Planet Limited. El 25 de junio se amplió la investigación contra César Álvarez por lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia.
