Cuando ganar equivale a perder

Cuando ganar equivale a perder
César Azabache
Los órganos públicos obtienen su legitimidad de la consistencia de sus decisiones. Una decisión debe ser clara y congruente; debe tomar en cuenta la forma en que se decidieron cuestiones semejantes en el pasado, y debe hacerse cargo de cuanto representa e implica para la comunidad. La responsabilidad en la comunicación institucional exige cuidar que cada decisión represente una confirmación de la autoridad y de la legitimidad pública del órgano que la emite. Y esto se aplica, aunque con matices, tanto a un Juez como a un Ministro, a un Congresista o a un Consejero.
            Pues bien. No tengo manera de saber en este momento si fue justo o no que el señor Romero sea destituido. Pero si me queda claro que el CNM no se hizo cargo del significado ni de las consecuencias que van asociadas a reconsiderar una decisión pública. En mi opinión, eso explica la dimensión de la crisis desatada.
            En CNM había optado ya por la destitución. El Señor Romero afirmó que el CNM tenía derecho a reconsiderar sus decisiones, y solicitó una reconsideración. El CNM confirmó que tenía en efecto tal derecho y cambió su decisión. El malestar provocado por este cambio de decisión fue evidente, pero creo que no ha sido correctamente explicado. Se ha dicho que dos Vocales han contradicho sus votos anteriores, y se ha dicho también que las razones que dieron no parecen suficientes. No me siento satisfecho por ninguna de estas dos razones. Por definición, reconsiderar una decisión equivale a contradecirla, de modo que no me sorprende el cambio en la votación. Y la suficiencia de las razones conduce a un inevitable círculo vicioso: Si estamos a favor las razones nos parecerán adecuadas, y si estamos en contra, insuficientes. Creo, por ello que el malestar que todos sentimos debe explicarse de otra manera.
Repasemos el asunto: La reconsideración es un procedimiento extremo. Supone que una entidad respetable ha cometido un error muy grave y que no tiene sentido destituir a sus miembros, precisamente porque son respetables. En un caso así la única manera de recuperar la legitimidad afectada por el error es reconocerlo y enmendar la situación. Pues bien, para que un error sea muy grave, debe percibirse como un asunto que genera o puede generar una cuestión de Estado. En consecuencia, si el señor Romero quería obtener una reconsideración, debió antes demostrar que su salida del judicial había sido injusta y que representaba una contradicción con lo que se supone que representa el CNM. Probablemente el camino más sencillo para lograrlo habría sido explicarnos a todos porqué debe volver a la judicatura. Si hubiera podido convencernos, entonces su pedido se hubiera convertido en un reclamo atendible, y la reconsideración habría expresado la solución a un reclamo que sería ya no sólo suyo, sino de alguna manera colectivo. Este es el camino que no se ha transitado. El señor Romero y el CNM han tratado la reconsideración como si se tratara de cualquier recurso y, con ello han creado una fisura de legitimidad de proporciones mayores que ha terminado involucrando al Congreso, donde además la crisis se ha tratado de una manera lamentable.
¿Cómo revolver el entuerto? Los problemas institucionales no se solucionan nunca complicando más las cosas. Se solucionan simplificándolas. Si el señor Romero no se ha tomado la molestia de explicarnos a todos, de manera clara y convincente, porqué debe regresar al judicial, entonces debe hacerlo. Creo que todos merecemos oír esa explicación. El CNM no se ha tomado la molestia de observar que su posición en el sistema institucional se arriesga por definición cuando decide cambiar una decisión ya adoptada. Entonces necesita más tiempo para aprender la lección. Probablemente para expresar todo esto haya que anular la reconsideración y volver a poner en debate el pedido del señor Romero. El señor Torres ha dado una muy buena razón para justificar una anulación: Un pedido semejante del BCR parecería no haber sido enteramente discutido por el CNM ¿Por qué entonces no comenzar todo de nuevo, antes que terminemos dañando más al órgano que elige a nuestros jueces, y también al Congreso, que parece atrapado por la fascinación de defender lo indefendible?

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