De nuevo sobre la suspensión judicial de Castillo

Traté de responder a una pregunta que dejó planteada hace ya varios meses Luciano López en una conversación que tuvimos y publiqué En Coyuntura, mi programa en La Ley. Hablábamos entonces sobre las posibilidades y límites que imponen los artículos 113, 114 y 117 de la Constitución. Estas tres disposiciones protegen al presidente en ejercicio, de modo que solo puede acusársele ante el pleno por traición a la patria, por interferencias electorales o por cerrar intempestivamente el Congreso. El régimen que se deconstruye a partir de estas disposiciones supone que el Congreso es absolutamente libre para inhabilitarlo por infracciones a la Constitución vinculadas a estos hechos, pero solo puede suspenderlo si lo que está en discusión son delitos, de modo que sea llevado ante los tribunales. Conforme a estas disposiciones, si se trata de delitos, y el presidente es hallado culpable durante la suspensión, su cargo quedará vacante, siempre que la condena se pronuncie durante su plazo de gobierno. 

Estos tres artículos son los que sostuvieron entre nosotros viva, por todo el periodo que media entre 1993 y la transición del 2000, pero también desde la transición del 2000 hasta el caso Vizcarra en el 2020, una doctrina legal que asumía que el presidente no puede ser investigado por la fiscalía durante su mandato porque no puede ser acusado. 

Esa teoría y por ende la forma de aproximarnos al significado de estas cláusulas debe ser revisada ahora, que admitimos que investigar a un presidente en ejercicio es posible. 

La nueva doctrina sobre la posibilidad constitucional de investigar al presidente, aunque no pueda acusársele durante su mandato, ha sido estableciera por el Fiscal Sánchez y ha dado lugar a que la Fiscal Benavides levante la suspensión inicial que la Fiscal Ávalos había dispuesto sobre el primero de los casos que recibió contra él. Además ha dado origen a un requerimiento especial para que se confirme un equipo policial ad hoc para estos casos, y una nueva investigación provocada por la enorme interferencia que supone que Castillo haya removido al ministro del interior Gonzales el mismo día en que se anunció que él había cumplido con el requerimiento de la fiscalía para conformar ese equipo especial. 

Antes de este evento la cuestión que estaba en discusión comprometía la probable responsabilidad de Castillo por las fugas de Silva, Pacheco y Vásquez, su sobrino. Ahora compromete el acto de interferencia más explícito que registra nuestra historia reciente en el comportamiento de un presidente de la República. 

Por cierto, la separación del ministerio del interior inmediatamente después de haber creado ese equipo justifica la ultima investigación penal que la fiscalía ha ordenado iniciar. Pero creo que justifica además considerar imprescindible que la Fiscalía de la Nación solicite al judicial una orden de restricciones que impida a Castillo y a su nuevo ministro del interior modificar la conformación del equipo especial que designó Gonzales o interferir con sus actividades. Esto creo que es ahora urgente. 

Pero además los últimos eventos hacen más que posible que en el corto plazo aparezca evidencias que confirmen no sólo que de Castillo depende la protección a los prófugos de su entorno, sino que la separación de Gonzales representa una maniobra en proceso dirigida a interferir con el nuevo equipo de designaciones recién designado. 

La protección de los prófugos y las interferencias sobre el equipo e investigación, hechas aprovechando lo recursos y la posición que genera el ser presidente de la república, conforman actos de una dimensión considerablemente mayor a las interferencias que usualmente se producen en un caso penal cuando se esconden documentos o se manipula testimonios. 

Entonces la pregunta persiste: ¿puede suspenderse al presidente en ejercicio para defender las investigaciones de su influencia? 

Escribí la primera versión de esta entrega explicando las razones por las que creo que la respuesta es, como dijo Ronald Gamarra en redes, si se confirma todo esto “un sí rotundo”. Pero publico ahora una segunda versión atendiendo a una objeción que, con mucha precisión ha hecho Julio Rodriguez en una entrevista televisiva el 20 de julio. Ocurre que el artículo 298.b del Código Procesal Penal, el mismo que habilita las suspensiones de cargos públicos por orden judicial, cuando ellas constituyen obstáculos para desarrollar investigaciones penales, contiene una prohibición que, usada sin reservas, podría limitar el uso de este procedimiento contra quienes ejercen “cargos que provienen de elección popular”. 

Creo que la restricción no aplica a este caso. Una prohibición como esa no puede aplicarse cuando el presidente resulta desarrollar actos que, más allá del ámbito usual de las interferencias, comprometen los fundamentos mismos de la organización de los poderes públicos. Doy por sentado que en los procedimientos “usuales” un funcionario público cualquiera puede ser suspendido cuando, como hizo el señor Chávarry en el 2020, rompe los lacrados de las oficinas que habían sido intervenidas por un fiscal usando su posición como Fiscal Supremo. Doy por sentado que por lo menos en este tiempo aún debemos tolerar que los Congresistas, designados por elección popular, si no han sido suspendidos por el Congreso, se defiendan agresivamente de casos penales que se desarrollan en su contra, sea intentando manipular testigos o escondiendo documentos. Tengo claro además que comportamientos de este tipo general deban ser tolerados al presidente, en aplicación inicial de la cláusula que ahora comento. Pero esta prohibición, es un asunto de ponderación y de salvaguarda de valores constitucionales, no puede impedir que se le suspenda si hacer algo así como usar su cargo pata proteger prófugos de la justicia o si, es lo que ahora discutimos, lo usa para destituir al ministro que designó al equipo de fiscales que debe investigarle, porque ese equipo fue conformado fuera de su control. 

Vuelvo sobre la posibilidad de suspender al presidente, que reconozco, aún necesita una vuelta más de tuerca en las evidencias, porque además encuentro que la prohibición no tiene un fundamento sólido que la sostenga. No puedo encontrar que esa prohibición esté “grabada en piedra” ni encuentro que haya sido incorporada al Código pensando en el presidente, de modo que sus alcances pueden ser aún objeto de una delimitación más precisa de la que su texto literal sugiere. 

La restricción no estaba en el proyecto de 1995¹. Fue introducida por los autores del Código de 2004 usando una traducción libre del Código del Procedimiento Penal Italiano (artículo 289.3). En Italia, preciso es recordarlo, la referencia no incluye al presidente, que allí no ejerce un cargo de elección popular sino que es elegido por el parlamento. La prohibición entonces corresponde de una regla que está pensada en referencia a congresistas que puedan ser investigados por la fiscalía sin haber sido previamente suspendidos por el Congreso. De hecho, en sus comentarios al Código Procesal Pablo Sánchez Velarde ni siquiera menciona al presidente al comentar esta restricción. Dice literalmente que esta cláusula impide discutir suspensiones solicitadas contra “alcaldes, presidentes de región y congresistas”². Los manuales de César San Martín³ y de Arsenio Oré⁴ tampoco contienen ninguna referencia al presidente de la república respecto a esta norma.  

Es que cuando se escribió el Código de 2004 el sistema legal peruano no admitía que el presidente de la república pudiera ser investigado por el Ministerio Público durante su mandato. Si no se reconocía la posibilidad de investigarle entonces tampoco tenía sentido regular su suspensión en el cargo. El texto del artículo 298.b del Código esta escrito como está escrito, pero no responde a una verdadera doctrina legal fuerte que le de sustento. Es producto de una extrapolación no suficientemente revisada de una norma de un sistema legal que funciona distinto. No por eso por cierto hay que pasarla por alto. Pero creo que con esta es suficiente para notar que, en sus alcances, esta norma debe ser empleada con cuidado. De un error no salen derechos, tampoco límites infranqueables. La norma existe y está vigente, pero no tiene ella misma un peso gravitacional que impida dejar de aplicarla allí donde las amenazas al proceso excedan, como exceden en este caso, de lo usual.  

Creo en suma que la suspensión judicial del presidente de la república es posible si resulta estrictamente necesaria. Entiendo que la prohibición incorporada en el artículo 298.b del Código no puede ser entendida como “fuerte” en la medida en que no existe evidencia alguna que indique que ha sido pensada como parte del bloque especial de protecciones organizadas a favor del presidente. 

Nuestro régimen constitucional y es preciso decirlo, procesal, nunca imaginó que un presidente debiera ser investigado durante su mandato. Por eso todos los escenarios imaginables en este caso son nuevos. Y a falta de impulso en el parlamento para darle forma a esos límites, las alternativas posible suponen enfrentar la necesidad de conformar el procedimiento a través de decisiones judiciales que deberán adoptarse atendiendo a las necesidades del caso que se está tramitando y a principios constitucionales fuertes, como el que exige proteger las investigaciones referidas a asuntos de alta corrupción. 

¹ San Martín, César “Derecho Procesal Penal”, tercera edición; Lima Grijley abril de 2014, pagina 1030.

² 

Código Procesal Penal comentado, Lima, Iustita Marzo de 2022, página 363