Transcribo el artículo de Jacqueline Fowks aparecido en el Diario «El País» (http://internacional.elpais.com/internacional/2013/08/14/actualidad/1376436461_143180.html), en el que doy mi punto de vista sobre cual sería la nueva estrategia de la defensa jurídica de Fujimori:
El nuevo abogado de Fujimori pide su arresto domiciliario
Por Jacqueline Fowks:
El nuevo
abogado del expresidente peruano Alberto Fujimori -un antiguo juez que en 2001 fue
separado de su cargo por corrupción- ha pedido al Poder Judicial cambiar la
condena de prisión por arresto domiciliario para el exmandatario de Perú, condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad. William Paco Castillo se ha presentado
como el nuevo abogado que revisará las sentencias. Las causas penales
pendientes seguirán a cargo del abogado César Nakazaki.
abogado del expresidente peruano Alberto Fujimori -un antiguo juez que en 2001 fue
separado de su cargo por corrupción- ha pedido al Poder Judicial cambiar la
condena de prisión por arresto domiciliario para el exmandatario de Perú, condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad. William Paco Castillo se ha presentado
como el nuevo abogado que revisará las sentencias. Las causas penales
pendientes seguirán a cargo del abogado César Nakazaki.
“Entendemos
que después del escándalo de la reunión de mayo de 2012, el fujimorismo quiere saber
si tiene base para discutir aspectos del caso que produjo la principal condena
contra Fujimori”, explicó el abogado penalista César Azabache, exprocurador
anticorrupción. El magistrado César San Martín presidió el tribunal que en 2009
condenó a Fujimori por autoría mediata de homicidio calificado y alevosía en
los crímenes de Barrios Altos y la Universidad La Cantuta, y por secuestro
agravado de un periodista y un empresario en 1992. El expresidente Fujimori fue
elegido democráticamente en 1990, pero en 1992 cerró el Congreso y tras un
autogolpe gobernó en una alianza con un sector corrupto del Ejército controlado
por el asesor de inteligencia y exabogado de narcotraficantes, Vladimiro
Montesinos.
que después del escándalo de la reunión de mayo de 2012, el fujimorismo quiere saber
si tiene base para discutir aspectos del caso que produjo la principal condena
contra Fujimori”, explicó el abogado penalista César Azabache, exprocurador
anticorrupción. El magistrado César San Martín presidió el tribunal que en 2009
condenó a Fujimori por autoría mediata de homicidio calificado y alevosía en
los crímenes de Barrios Altos y la Universidad La Cantuta, y por secuestro
agravado de un periodista y un empresario en 1992. El expresidente Fujimori fue
elegido democráticamente en 1990, pero en 1992 cerró el Congreso y tras un
autogolpe gobernó en una alianza con un sector corrupto del Ejército controlado
por el asesor de inteligencia y exabogado de narcotraficantes, Vladimiro
Montesinos.
La imagen del magistrado San Martín, quien hasta diciembre pasado
fue presidente del Poder Judicial, quedó mellada el pasado día 4 tras conocerse
la grabación de un diálogo que sostuvo en mayo del año pasado con funcionarios
del Poder Ejecutivo y una jueza. El entonces ministro de Justicia, Juan
Jiménez; el exagente del Estado para la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), Pedro Cateriano; la jueza Carmen Rojassi y el entonces
presidente del Poder Judicial discuten cómo “unificar criterios” en el caso de
la ejecución extrajudicial de un miembro del Movimiento Revolucionario Túpac
Amaru, durante la Operación Chavín de Huántar en 1997, cuando un comando de
élite del Ejército liberó a secuestrados que permanecían en la residencia del
embajador de Japón.
fue presidente del Poder Judicial, quedó mellada el pasado día 4 tras conocerse
la grabación de un diálogo que sostuvo en mayo del año pasado con funcionarios
del Poder Ejecutivo y una jueza. El entonces ministro de Justicia, Juan
Jiménez; el exagente del Estado para la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), Pedro Cateriano; la jueza Carmen Rojassi y el entonces
presidente del Poder Judicial discuten cómo “unificar criterios” en el caso de
la ejecución extrajudicial de un miembro del Movimiento Revolucionario Túpac
Amaru, durante la Operación Chavín de Huántar en 1997, cuando un comando de
élite del Ejército liberó a secuestrados que permanecían en la residencia del
embajador de Japón.
En el
diálogo, el entonces ministro de Justicia le indica a la jueza que Vladimiro
Montesinos y otros acusados por la supuesta ejecución extrajudicial ya han sido
condenados por otros delitos, y que ella tenía una gran responsabilidad al
dictar sentencia para no manchar a los comandos Chavín de Huántar y no
perjudicar la performance del Estado peruano ante la CIDH. “En
sus manos, el Perú”, le dijo el titular de Justicia y actual primer ministro a
la magistrada. Sin embargo en ese caso no estaban involucrados los comandos del
Ejército, solamente Montesinos y colaboradores suyos del ex Servicio de
Inteligencia Nacional (SIN).
diálogo, el entonces ministro de Justicia le indica a la jueza que Vladimiro
Montesinos y otros acusados por la supuesta ejecución extrajudicial ya han sido
condenados por otros delitos, y que ella tenía una gran responsabilidad al
dictar sentencia para no manchar a los comandos Chavín de Huántar y no
perjudicar la performance del Estado peruano ante la CIDH. “En
sus manos, el Perú”, le dijo el titular de Justicia y actual primer ministro a
la magistrada. Sin embargo en ese caso no estaban involucrados los comandos del
Ejército, solamente Montesinos y colaboradores suyos del ex Servicio de
Inteligencia Nacional (SIN).
Azabache
considera que “no hay evidencia” de una situación parecida para el caso de las
sentencias contra Fujimori. “Sospecho que el abogado Castillo quiere establecer
si en el caso de su defendido ha ocurrido algo semejante a lo que se ha
denunciado (una reunión inapropiada entre autoridades del judicial y
representantes del Ejecutivo en pleno juicio). Pero no veo cómo pueda
relacionarse una decisión que está evidentemente bien fundada, con alguna forma
de interferencia externa».
considera que “no hay evidencia” de una situación parecida para el caso de las
sentencias contra Fujimori. “Sospecho que el abogado Castillo quiere establecer
si en el caso de su defendido ha ocurrido algo semejante a lo que se ha
denunciado (una reunión inapropiada entre autoridades del judicial y
representantes del Ejecutivo en pleno juicio). Pero no veo cómo pueda
relacionarse una decisión que está evidentemente bien fundada, con alguna forma
de interferencia externa».
Fujmori
fue sentenciado además a siete años de prisión por la compra irregular de
medios de comunicación, soborno a congresistas y espionaje telefónico; y a
siete años por malversación, al haber pagado ilegalmente 15 millones de dólares
a Vladimiro Montesinos poco antes de que este se fugara del país. Sin embargo,
Fujimori deberá comparecer en un nuevo juicio oral conocido como el caso de la prensa
chicha, en alusión a los diarios sensacionalistas que creó el
Servicio de Inteligencia Nacional en 1999 para las campañas a favor de larereelección del entonces presidente y para
desprestigiar a los opositores de su gobierno.
fue sentenciado además a siete años de prisión por la compra irregular de
medios de comunicación, soborno a congresistas y espionaje telefónico; y a
siete años por malversación, al haber pagado ilegalmente 15 millones de dólares
a Vladimiro Montesinos poco antes de que este se fugara del país. Sin embargo,
Fujimori deberá comparecer en un nuevo juicio oral conocido como el caso de la prensa
chicha, en alusión a los diarios sensacionalistas que creó el
Servicio de Inteligencia Nacional en 1999 para las campañas a favor de larereelección del entonces presidente y para
desprestigiar a los opositores de su gobierno.
El actual
procurador anticorrupción, Julio Arbizu, indicó a la prensa limeña que “hay
pruebas que permiten establecer claramente la responsabilidad (de Fujimori) en
el delito de malversación, así lo han corroborado investigados, condenados y
testigos del proceso que se siguió por este hecho en el 2006”. Según Arbizu,
quedó probado que las Fuerzas Armadas destinaron unos 43 millones de dólares al
SIN y quedó por establecer quién ordenó usar dichos medios para desacreditar a
políticos, líderes sociales y periodistas opositores al fujimorismo.
procurador anticorrupción, Julio Arbizu, indicó a la prensa limeña que “hay
pruebas que permiten establecer claramente la responsabilidad (de Fujimori) en
el delito de malversación, así lo han corroborado investigados, condenados y
testigos del proceso que se siguió por este hecho en el 2006”. Según Arbizu,
quedó probado que las Fuerzas Armadas destinaron unos 43 millones de dólares al
SIN y quedó por establecer quién ordenó usar dichos medios para desacreditar a
políticos, líderes sociales y periodistas opositores al fujimorismo.
El nuevo
abogado de Fujimori, Castillo, quien ha vivido fuera del país la última década,
dijo en una entrevista en televisión que revisará todos los procesos penales en
los que intervino el magistrado San Martín “para determinar si tienen
legitimidad o si son consecuencia del odio visceral y la inquina”.
abogado de Fujimori, Castillo, quien ha vivido fuera del país la última década,
dijo en una entrevista en televisión que revisará todos los procesos penales en
los que intervino el magistrado San Martín “para determinar si tienen
legitimidad o si son consecuencia del odio visceral y la inquina”.