Entre fines de marzo y principios de abril de 2005 se confirmó la circulación en Lima de un volumen considerable de billetes falsificados de cien dólares, identificables por el uso de la serie CB B2, año 2001. Según las noticias difundidas en programas periodísticos, éstos billetes habrían sido puestos en circulación usando las plataformas de cajeros automáticos de diversas instituciones bancarias y financieras, que posteriormente se negaron a recibirlos o cambiarlos.
Confirmado el hallazgo, la Fiscalía inició el mismo mes una investigación preliminar sobre estos hechos. Paralelamente la Asociación de Usuarios del Servicio Eléctrico de Arequipa denunció al presidente de ASBANC, a los gerentes del BCP, Continental, Wiese Sudameris, Interbank y Banco del Trabajo como responsables del evento.
En enero de 2006, la Fiscalía declaró que no había encontrado evidencia que relacionara el evento a los gerentes generales de los bancos denunciados. Sin embargo, en uno de sus considerandos, declaró también que había advertido indicios de ciertos abusos en el uso de información privilegiada y formalizó denuncia por este delito contra los representantes de los Bancos Citibank, Wiese Sudameris y Banco de Crédito del Perú. La Fiscalía sostuvo que los correos electrónicos a los que había tenido acceso con ocasión a sus investigaciones probaban que en marzo del 2005 dichos bancos se enteraron de la existencia de los billetes falsificados por aviso de sus matices y bancos relacionados en los Estados Unidos, que notaron su existencia al recibir remesas desde Lima. La Fiscalía sostuvo que a pesar de contar con esta información los bancos citados no reportaron el hecho a Superintendencia de Banca y Seguros ni a la Oficina Central de Lucha contra la Falsificación de Numerario ni a la Asociación de Bancos, y que continuaron circulando los billetes de esta serie hasta la decisión adoptada por la SBS sobre el particular.
En marzo de 2006 el caso fue desestimado al declararse que los elementos del delito de abuso en el uso de información privilegiada no se cumplían en este caso.
La decisión fue declarada definitiva en abril del 2006.