En enero de 2015, Franco Moreno, comandante de la División de investigación criminal, denunció ante la Policía el presunto asesinato de dieciocho supuestos delincuentes en manos de un mismo grupo de policías entre el año 2011 y el 2015. Luego de la creación de una comisión encargada de investigar los hechos, se comprobó que los policías involucrados habían sido apoyados por oficiales superiores. El expediente con los resultados de las indagaciones fue derivado a la Fiscalía y se solicitó que los generales implicados sean investigados por el Tribunal de disciplina policial, pero este no consideró que hubiera razones suficientes para sospechar que alguno de ellos haya tenido responsabilidad en lo ocurrido. Finalmente, el expediente fue devuelto a la Fiscalía.
En mayo de 2016, el titular de la Comisión fue reemplazado luego de presentar un proyecto para dar de baja a 97 agentes implicados en ejecuciones extrajudiciales. En mayo de 2015 la Fiscalía inició las investigaciones por 27 de estos casos.
En marzo de 2017, la Fiscalía pidió 18 meses de prisión preventiva para 11 suboficiales un coronel y un capitán en retiro, acusándolos de homicidio calificado en agravio de Raúl Rivas Rimaycuna, Martín Tello Monja, Hugo Yajahuanca Tinero y Gianmarco Fiestas Aquino, pertenecientes a una banda de delincuentes asesinados en Piura en febrero de 2015. Ellos habrían sido convocados por un informante de la policía que les tendió una trampa, ofreciéndoles información falsa para un posible robo a un empresario.
La operación fue organizada por los suboficiales Carlos Llanto Ponce y William Castaño Martínez, ambos de la Dirección de Inteligencia de la Policía, quienes viajaron a Piura para coordinar con el jefe de la División de Inteligencia contra el crimen organizado de esa ciudad, el coronel Luis Zúñiga.
En junio de 2017 otros 5 oficiales y 48 suboficiales fueron involucrados en supuestas ejecuciones ilegales en 7 casos: 3 personas muertas en Santa Anita en junio de 2012; 2 fallecidos en Chincha en setiembre de 2012; 4 fallecidos en Puente Piedra en noviembre de 2012; 6 muertos en Chiclayo a inicios de diciembre de 2013; un muerto en la avenida Ruiseñor en setiembre de 2014; 3 fallecidos en la urbanización Santa Rosita en octubre de 2014 y 5 fallecidos en la carretera Ramiro Prialé en junio de 2015.
Los agentes investigados por la Fiscalía , pertenecientes en su mayoría a la Sub Unidad de Acciones Tácticas (SUAT), a la División de Robos perteneciente a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y a la Dirección de Inteligencia de la PNP (Dirin), habrían integrado una organización criminal liderada por el comandante PNP Raúl Prado Ravines, que operaba utilizando información de inteligencia para montar operativos y ejecutar supuestos delincuentes comunes.
