El populismo de la nueva coyuntura
César Azabache Caracciolo
El populismo es una forma de hacer política en la que se pugna por la adhesión de los ciudadanos en base a ofertas de interés colectivo sin estimación de consecuencias ni de las posibilidades reales de acción. Así definido, el populismo es políticamente irresponsable. Requiere por ello el concurso de estrategias de desarticulación social que impidan que el probable incumplimiento de las promesas hechas genere reacciones de protesta en la ciudadana. Por eso el populismo debilita la política, que está basada, precisamente, en la posibilidad de tomar los compromisos y la palabra empeñada seriamente.
No estoy hablando del “populismo” de la tradición del partido fundado por Belaúnde Terry en los sesenta. Para “Acción Popular” “populismo” equivale a su militancia. Esto es una simple coincidencia. El populismo a que me refiero corresponde al tipo de discurso instalado entre nosotros en el desconcierto posterior a la transición inconclusa del 2000-2001. Creo que la falta de referencias concretas para contestar de manera seria a la pregunta sobre el bien común y la falta de debates claros sobre el modo de salir del entrampamiento en que nos ahogamos, están abriendo espacio al más alocado atolondramiento político de los últimos años. Creo que este es el contexto que explica que un rumor haya provocado una competencia en mi opinión insensata por armar en el menor tiempo posible (y por tanto, con la menor información posible) la propuesta más atractiva para amnistiar no se sabe exactamente a cuántas personas en no se sabe muy bien qué casos, que gruesamente han sido relacionados con la corporación militar, con la lucha contra el terrorismo y con el Informe de la Comisión de la Verdad. Una propuesta para una nueva amnistía mercería discutirse seriamente si estuviera siendo lanzada seriamente. Pero mi impresión es que esta propuesta tiene por único objetivo competir en términos populistas con un rumor: Se dice, aunque no veo manera de confirmarlo, que los partidarios del señor Humala estarían impulsando una campaña “boca a boca” entre miembros de las comunidades militares y policiales, asegurando que un eventual gobierno de UPP incrementaría el gasto militar para renovación de equipos. Los miembros de estas comunidades, electores desde este proceso, y sus familias, están, cómo no, sensiblemente afectados por la restricción de gastos militares de los últimos años. La falta de renovación de equipos ha restringido su posibilidad de cumplir la función encomendada, los ha paralizado profesionalmente y ha incrementado más allá de lo aceptable su exposición a riesgos de violencia. Es comprensible entonces que una propuesta de este tipo, aunque sea formulada sólo en términos populistas, les conmueva. Creo sin embargo que los miembros de nuestras comunidades militares y policiales tienen la madurez suficiente como para percibir que la renovación de equipos policiales y militares sólo es sostenible en el marco de una estrategia también sostenible de incremento de los recursos del Estado, y que ambas cosas requieren un nivel de seriedad en el manejo de los asuntos públicos que sólo puede lograrse con un gobierno competente, profesional y estable. Y sin embargo algunos personajes de la política han preferido mejorar la oferta, también en términos populistas, y han acuñado, casi a ciegas, la propuesta de una nueva amnistía, que parece ofrecer la ventaja de no comprometer gasto público y sin embargo convocar adhesiones, a costa claro de reavivar las rencillas de los ochenta entre los nuevos electores y el movimiento de derechos humanos.
Ofrecer una ley de amnistía para casos de derechos humanos es como ofrecer fusiles de papel. Hay demasiadas razones que explican porqué una ley de ese tipo no operaría en la práctica. Por eso concentrar la búsqueda de adhesiones de nuevos electores en una propuesta de este tipo equivale a cometer una estafa política. Pero más grave aún, equivale a fundar la solidaridad y la confianza de los nuevos electores en estrategias que, en lugar de legitimar y revitalizar al sistema legal, lo aplastan, lo desarman, y lo satanizan.
Si la política tomada seriamente equivale a la administración del poder en el marco de un sistema legal, esta nueva propuesta debería ser asumida, entonces, como “contra política”, si me permiten la construcción.