Castillo fue detenido mientras intentaba escapar. Un caso policial en flagrancia sin duda. No imagino a nadie que pretenda que las autoridades tengan algún deber que les obligue a contemplar la fuga de un presidente pasivamente, sin ninguna reacción. Nada semejante puede deducirse de la Constitución para un caso de ese tipo.
En los hechos Castillo intentó dar un golpe de Estado el día que se discutiría su destitución por corrupción. Esta ha sido todo este tiempo, sigue siendo ahora, una historia sobre corrupción. Ninguna escisión que pretenda separar el intento de golpe de sus antecedentes inmediatos ayuda a entender las cosas. Tampoco ayuda a entenderlas dejarse deslumbrar por la espectacularidad del hecho ni por la enorme banalidad de sus formas. Este fue y sigue siendo un caso sobre corrupción presidencial.
Una versión del caso estaba registrada en el pedido original de destitución por vacancia. Otra está en la denuncia que la fiscal de la nación presentó al Congreso en octubre de este año. Puede no gustar a determinados observadores la identidad de los autores de estos documentos o sus trayectorias. Pero la identidad de los autores no invalida jamás los contenidos ni hace falsos los hechos. Lo contrario es sencillamente una forma de negacionismo.
Al momento de intentar fugarse Castillo acumulaba 9 testimonios que le incriminaban. Nueve. Salvo que las personas no nos importen, 9 testimonios convergentes son más que una buena razón para resolver esto en un juicio en forma. De modo que dejemos ya ese lugar vacío de contenido que pretende manipular el sentido que tienen las pruebas en casos reales. Los mitos sobre construcciones legales son eso, mitos. Y muestran absoluto cinismo cuando los usamos de manera distinta según simpaticemos o no con quien viene siendo acusado en base a ellos.
Destituido ya Castillo, las trabas que el 117 ponía para acusarle han quedado removidas. La comisión permanente del Congreso puede (y debe) acusarlo ante el pleno por corrupción. Aprobada la acusación, la fiscal de la nación podrá abrir en su contra un proceso en forma (la llamada “investigación preparatoria”) y solicitar, en el caso que mejor representa esta historia, se ponga a Castillo bajo prisión preventiva, una orden más fuerte que la detención preliminar que se le ha impuesto ahora, mientras se prepara el caso con el que será llevado a juicio.
La historia del golpe intentado aún no está completa. La fiscalía necesita establecer cuánto avanzó Castillo en el plan montado para alterar el orden constitucional. Conspiración o tentativa en el uso de las armas para sostener sus propósitos son las opciones bajo investigación. El golpe llegará a juicio cuando la Fiscalía esté lista para presentar acusación y libere el caso en un segundo antejuicio, que deberá comenzar en su momento. Pero eso tomará algún tiempo más. Pongamos entonces nuestras expectativas en el orden que a ellas corresponde.
Pero hay diferencias que hemos mantenido en estos años y ahora debemos empezar a resolver. Esto que hemos visto ha sido un golpe de Estado. El pleno del Congreso tendrá que calificarlo como tal en algunas semanas más. Mi voto porque al hacerlo el fujimorismo reconozca que, más allá de los resultados, no existe diferencia moral entre esto y lo que se hizo en abril del 92. Mi voto porque la izquierda no negacionista acepte que si condenó el golpe del 92 ahora debe condenar este, sin coartadas absurdas. Si alguna oportunidad existe para pedir finalmente perdón por lo que hemos hecho de un lado y del otro es esta. Un golpe es un golpe, sea quien sea el perpetrador. Y hasta aquí no hemos llegado si no es por responsabilidad de todos nuestros sesgos.
Los de todos los lados.