El día lunes 8 de diciembre del 2014 a horas 15:40 se difundió en redes sociales fotografías que mostraban a un grupo de personas que habían colocado cerca de la Linea del Colibrí, en la zona arqueológica de Nazca, una pancarta con el mensaje “Time for change! The future is renewable  Greenpeace”.

Las líneas son geoglifos prehispánicos trazados sobre el suelo, que está recubierto por una delgada capa superficial de color rojizo, vulnerable al contacto físico denominada «pátina».  Las imágenes mostraban que estas personas habían ingresado al área sin supervisión arqueológica y sin dispositivos diseñados para evitar que su desplazamiento afecte la superficie del suelo.

En el Perú la sola remoción de los componentes que integran un área de relevancia arqueológica es delito.  Y en este caso las autoridades del sector cultura denunciaron que el desplazamiento y la colocación de la pancarta removieron la pátina en una extensión considerable y causaron daños irreparables en la zona.

Uno de los voceros de Greenpeace, ofreció al menos una declaración pública identificándose y explicando la intensión con que se había realizado la actividad del 8 de diciembre antes de salir del país. Identificado por sus propias declaraciones, las autoridades locales ordenaron su detención como el principal sospechoso de haber organizado el evento (8 de enero de 2015).   Además ordenaron que se investigue al Director Ejecutivo de Greenpeace por haberse negado a revelar a las autoridades el nombre de los aproximadamente 20 voluntarios que intervinieron en el evento.

Las investigaciones habían permitido a las autoridades identificar además a dos periodistas que habían sobrevolado la zona como las personas que habrían cubierto el evento (16 diciembre de 2014).

En 20 de enero de 2015 el Director Ejecutivo de Greenpeace entregó a las autoridades tres testimonios escritos que confirmaban que el organizador del evento no había sido el vocero al que se ordenó detener, sino un activista distinto, que confirmó el hecho..  La Fiscalía aceptó los testimonios y cerró las investigaciones iniciadas contra el Director Ejecutivo(4 de febrero de 2015).  A consecuencias de ellas incluyó en las investigaciones al activista que reconoció ser el verdadero organizador del evento y a una activista adicional, comunicadora, que fue identificada a partir de las declaraciones de los periodistas inicialmente incluidos en el caso (4 de marzo de 2015).  Las autoridades obtuvieron además una lista completa de la delegación de Greenpeace que estaba interviniendo en esos días en la Cumbre del Clima de Lima (COP 20), pero no solicitaron más información sobre sus integrantes.

La Sala de Apelaciones confirmó la orden de detención del vocero de Greenpeace aya detención se requirió originalmente el 9 de marzo de 2015 y el ejecutivo aprobó el pedido de extradición que se envió a Argentina en su contra el 30 de marzo de 2015.

El Ministerio de Cultura retiró la calificación de los daños como irreparables el 22 de abril del 2015.  Por su parte, el Juzgado desestimó la inclusión de Greenpeace Internacional como responsable por las consecuencias civiles del hecho el 8 de mayo de 2015.  La Fiscalía desestimó de manera definitiva las investigaciones contra el Director Ejecutivo de Greenpeace el 1º de junio de 2015.

Después de un extenso debate desarrollado entre agosto y octubre del 2015 organizado alrededor de los exámenes arqueológicos practicados en el lugar, la Fiscalía aceptó firmar un acuerdo por la defensa por medio del cual se promovía la terminación del procedimiento sin necesidad de juicio y sin necesidad de continuar con el procedimiento de extradición del primer vocero de Greenpeace identificado.

El acuerdo fue firmado el 3 de diciembre de 2015.  Mediante él la defensa obtenía una condena disminuida y multas disminuidas a cambio de aceptar los cargos y pagar una indemnización de poco más de S/ 600 mil.

El 5 de noviembre del 2015 el Juzgado había ya desestimado un pedido hecho por la Fiscalia el 14 de mayo para que se emita nuevas órdenes de detención o al menos se restringiera la libertad ambulatoria de los otros dos activistas incluidos en el caso. Ya firmado el acuerdo, el 4 de marzo de 2016 la Fiscalía desestimó los cargos en investigación a favor de los dos periodistas originalmente incluidos en las investigaciones.
Sin embargo el acuerdo fue desestimado por el Juzgado de Nazca el 21 de julio de 2016.  Para aprobarlo, las leyes del Perú exigen la presentación de todos los solicitantes ante el Juez.  Uno de los activistas incluidos en el procedimiento desistió a asistir a la audiencia.

Después del fracaso del acuerdo, la Fiscalía presentó la acusación del 31 de agoto del 2016 pidiendo más de cuatro años de prisión para los acusados y S/ 5 millones de reparación por los daños. En el Perú el tope para suspender la ejecución de condenas de prisión es cuatro años. Después de presentada la acusación, el 13 de octubre de 2016, el Juzgado de Nazca rechazó un ultimo pedido presentado por la defensa para revocar la orden de detención impuesta al vocero de Greenpeace, el primero en ser identificado.  El rechazo fue confinado por auto de apelación del 23 de diciembre de 2016.

Presentada la acusación, la defensa reinició las negociaciones con la Fiscalía para obtener una nueva reducción de la condena, de las multas y de la reparación civil sobre la base de la aceptación de los cargos, esta vez en juicio. El 18 de mayo y el 19 de julio de 2017 se aprobaron los acuerdos ratificados en juicio por la fiscalía y por dos de los activistas de Greenpeace. El tercer activista, que no se presentó a la audiencia en que se debía aprobar el primer acuerdo, tiene aún pendiente el procedimiento judicial en su contra.