EL CASO ECOTEVA
Los hábeas corpus
César Azabache
Demandar un hábeas corpus equivale a postular a una persona como víctima de un agravio constitucional, uno de los más graves conforme a las reglas del sistema. Para reconocer que determinada situación merece la protección que ofrece el hábeas corpus, la víctima debe poder ser reconocida como tal sin mayor esfuerzo ni debate.
Debe ser una “víctima en sentido fuerte”. Las explicaciones demasiado complejas o elaboradas sobre los fundamentos del caso deslegitiman de plano a quien las propone. Anuncian una impostación. Y una impostación evidente no suma en absoluto respaldo a favor de quien la intenta.
Digo esto porque me parece una lástima que el señor Alejandro Toledo, que entre el 2001 y el 2006 lideró una transición inacabada, accidentada y difícil (pero transición al fin), termine refugiándose en un mal caso constitucional para defenderse de las muy justificadas investigaciones que se han iniciado sobre el Caso Ecoteva.
Lo digo manteniendo el respeto que sin duda me inspira su equipo legal. Toledo tiene excelentes abogados, pero creo que estos han olvidado que en casos de relevancia institucional como este las acciones legales son, además de peticiones formalizadas de interés privado, vehículos portadores de mensajes políticos.
El ex presidente Toledo no es un particular cualquiera que enfrenta una investigación basada en hallazgos relevantes (las compras de inmuebles y el pago de hipotecas personales) y en el peso de las primeras explicaciones inverosímiles (la lista de equívocos es extensa y su existencia sigue sin ser explicada).
La cuestión en el Caso Toledo no consiste solo en enderezar sus versiones y bloquear los ataques del sistema.
El señor Toledo es el jefe de una agrupación política que tiene un peso decisivo en las decisiones del Parlamento. Es aspirante a senador vitalicio y es un referente de la recomposición inacabada del sistema institucional iniciada tras la caída del régimen de la década de 1990.
Lo que se hace en su defensa impacta entonces sobre los significados políticos que él moviliza (o habría que decir movilizaba, hasta antes de este caso).
En el plano en el que se mueve el Caso Ecoteva, una línea de discurso que se limita a denunciar los intereses políticos que evidentemente se juegan alrededor es por completo irrelevante. Un ejemplo emblemático, como el de Ecoteva, moviliza por definición intereses políticos, pero estará bien o mal fundado si las evidencias en que se fundamenta merecen ser tomadas en serio. Y en este caso lo merecen, sin duda.
En este contexto, la explicación más que tardía del papel asignado al empresario Josef Maiman en la historia y la creación artificial de problemas de competencia en la Fiscalía de la Nación (nada menos que la principal de todas las fiscalías) o de violaciones al debido proceso en la Comisión del Congreso que lo investiga (¿qué violaciones?) no expresan nada que sugiera una muestra de habilidad de la defensa para reacomodar las piezas del caso.
Expresan desesperación por eludir las investigaciones. Y modifican de manera imposible de solucionar la imagen de quien a principios de la década pasada se presentó como soporte de un proceso basado en la lucha contra cierta forma de corrupción.
Publicado en El Comercio, miércoles 4 de diciembre del 2013