Principales Casos Cerrados

El caso trató sobre la invasión del fundo Crepúsculo, del señor MG, registrada el 3 de abril de 2012 y perpetrada por la Asociación de Vivienda Nadine Heredia, en Ica. El evento ha sido registrado oficialmente como una invasión, aunque los representantes de la asociación sostuvieron que el fundo Crepúsculo no existía y que las tierras que ocuparon pertenecían al fundo Huarango Redondo Lote A, cuyos derechos adquirieron el 11 de abril de 2011. El señor MG, víctima de esta invasión, confirmó la existencia del fundo Crepúsculo y sostuvo que la adquisición del fundo Huarango Redondo fue producto de un fraude diseñado para ofrecer a los invasores una coartada para justificar la invasión. El fundo Huarango Redondo Lote A fue originalmente propiedad de Suroeste Agrícola, una empresa fundada por ocho personas que viven en Lima en 1989. Suroeste Agrícola renunció a mantener esas tierras como propias en abril de 2012,

En febrero del 2019, RAG denunció a un grupo de directivos y abogados de una empresa dedicada a inversiones en educación NG, por las condiciones en que él mismo vendió, entre los años 2012 y el 2017, el total de sus participaciones en la universidad UTP por US$ 204 millones.  En la denuncia RAG pretendió que el banco del grupo económico al que pertenece NG, del que la universidad se había hecho cliente, lo había llevado deliberadamente a una situación de extrema iliquidez que lo obligó, en medio de amenazas y extorsiones, a vender.  Sostuvo que en ese periodo el bando ofreció a la universidad créditos que no se concretaron en la dimensión que él esperaba; que la oferta de esos créditos lo llevaron (jamás explicó cómo) a rechazar otros créditos de otros bancos y que, de alguna manera que tampoco explicó NG utilizó a su favor la información que

El caso se refiere a la segunda revisión superior de la compra de 800 camionetas Hyundai destinadas a ser empleadas como patrulleros inteligentes.  La compra se realizó el 19 de diciembre de 2012 y ha sido investigada por el Ministerio Público desde diciembre de 2016, atendiendo a las conclusiones a las que llegó la Contraloría el 22 de noviembre del 2016, después de revisar el proceso por segunda vez (carpeta de control 0022-2016-CG/OPER-AC-CC; informe 489-2016). La investigación desde el inició no incluyó a Patricia Siboney Muñoz. Ella fue incorporada a la investigación a propósito de una ampliación de las investigaciones.  En la primera revisión del proceso cerrada en diciembre del 2014, la Contraloría no registró observaciones (informe 1027-2014).  De acuerdo al segundo informe de la Contraloría los representantes del Ministerio del Interior y de la PNP iniciaron negociaciones con el gobierno de Corea sin un requerimiento formal del área usuaria

Caso 2017-2105 Fiscalía de Barranca, Tercer Despacho  Hechos  El 17  abril de 2017 Fernando Sagarvinaga Solis, haciéndose pasa por “Martín Gurrionero Boy”, en circunstancias no suficientemente establecidas, firmó un convenio de cooperación con el Hospital de Barranca, representado por los Drs. Jorge Luis Morón Ochoa y Edison Leonel Cruz Montalvo.  El 28 de abril de 2017 alquiló a los esposos Luz Rafael Gutierrez Fujino y Raúl Olivares Alcántara un almacén ubicado en la Urbanización Independencia Mz E Lote 21 de Barranca.  Luego, apoyado por Jimy Joe Rosas Garcia  (que simulaba llamarse Kennet Fernandez Carpio) y Maria Luisa Vargas, se hizo pasar como representante de la Unidad de Adquisiciones del Hospital de Barranca Cajatampo, para hacer pedidos de productos médicos a una extensa lista de empresas.  Los productos fueron recibidos en el almacén que alquiló, que disfrazó como si fuera un almacén del hospital.  El autor de esta estafa desapareció con

Juan José Aguilar Sotero fue incorporado a una investigación sobre la condiciones en que, desde la municipalidad de Lima, se desarrolló el proyecto Caja Gas, definido en base a acuerdos del año 2010.  Juan José Aguilar, un joven profesional independiente, fundó a los 22 años, con el apoyo económico de su padre, Global Intel, una compañía que fue certificada en setiembre de 2010 como habilitada para presentarse ante el colectivo de taxistas de Lima como monitor, rastreador satelital y gestor administrativo para este proyecto, que la Caja impulsó con fondos de COFIDE. El proyecto tenía por objeto financiar la compra de automóviles nuevos con motores a gas. Los taxistas podían aplicar al proyecto para financiar las compras de vehículos nuevos, pero tenían que contratar (ellos, los taxistas, no la Caja) una empresa monitora para gestionar sus créditos y controlar su rendimiento atendiendo a una lista de empresas calificadas para ese