El caso se inició el 5 de mayo del 2016 contra 10 personas a las que se investigaba por la suscripción del contrato de compra venta de un terreno del Ministerio de Defensa a la empresa Altozano Desarrollo y Construcción SAC.  El predio fue consignado con un valor simbólico, S/. 1 por m2, debido a que el objeto del contrato era desarrollar viviendas para personal del sector.

Durante las investigaciones preliminares originales la defensa sostuvo que el valor simbólico del predio vinculó todos los actos del proceso debido a que fue establecido por las propias autoridades del sector Defensa en los actos preparatorios al acuerdo.

El 5 de octubre del 2016 las investigaciones fueron ampliadas para comprender a dos Viceministros de Defensa que habrían intervenido en algún momento en el procedimiento.  A ambos se les atribuyó haber determinado el valor simbólico que se atribuyó al predio sin justificación legal.

Durante las investigaciones se estableció que el predio había sido transferido al Ministerio de Defensa por Bienes Nacionales de manera gratuita.  Se estableció también que el valor de S/. 1 por m2 había sido empleado originalmente en una transferencia ejecutada entre dos ministerios, y que al consignar ese valor, la Comandancia General del Ejército, usuaria original del predio, había solicitado una estipulación, que el Ministerio de Defensa hizo suya, conforme a la cual el predio debía ser entregado al constructor sin que él pueda adquirir en propiedad exclusiva ningún área que resultara excedente una vez definido el proyecto en todos sus términos.

Las investigaciones dejaron establecido que no existían razones para vincular las condiciones originales del procedimiento con el contratista, que ingresó al proyecto tiempo después.

El 17 de abril de 2017 la Fiscal Norah Córdova Alcántara archivó definitivamente el caso completo.   El 31 de julio del 2017 el Fiscal Superior Javier Arista Montoya confirmó la disposición del 17 de abril reproduciendo sus fundamentos.