Bunker fue sometida a fiscalización por la SUNAT por el IGV pagado en el ejercicio 2011 el 27 de marzo del 2013. El requerimiento original fue uno genérico de información y documentación; no registró observaciones específicas sobre hechos particulares susceptibles de calificación como delito tributario. La SUNAT pretendió que una lista determinada de sus compras contenía “operaciones inexistentes” solo el 22 de octubre del 2013, al comunicar a B los resultados de la fiscalización. Estas observaciones luego fueron desarrolladas en el informe de indicios de delito tributario de la SUNAT del 25 de octubre del 2013. Pero para entonces B había reparado y cancelado todas las deudas asociadas a las observaciones de la SUNAT por rectificaciones del 27 de agosto y pagos del 27 de agosto y del 4 octubre de 2013.
Los hechos fueron denunciados por la SUNAT el 27 de diciembre de 2013. La Fiscalía presento el caso al judicial el 18 de junio de 2014 y el procedimiento judicial comenzó el 7 de agosto de ese año.
El debate en este caso se refirió al alcance del artículo 189 del Código Tributario, que norma la regularización tributaria como causa legal de verdaderos impedimentos para perseguir a un contribuyente. El artículo 189 del Código Penal, en su redacción original, establecía que el contribuyente podía aplicar a este suerte de clemencia hasta que fuera notificado por la SUNAT en el marco de un proceso de fiscalización. En setiembre de 2009 el Acuerdo Plenario 2-2009 de la Corte Suprema estableció que los efectos que asignada el artículo 189 a las notificaciones de la SUNAT solo podían producirse respecto a notificaciones que de una manera u otra atribuyan al contribuyente la comisión de un delito tributario. En junio de 2012 el Congreso modificó el artículo 189 del Código para reemplazar la referencia a las “notificaciones” del original artículo 189 por una referencia genérica al “inicio del procedimiento de fiscalización”. A partir de esa reforma la SUNAT ha venido pretendiendo que los contenidos del Acuerdo Plenario 2-2009 han dejado de ser exigibles y los contribuyentes pierden los derechos de protección derivados de la clemencia desde el inicio de cualquier procedimiento de fiscalización.
El 10 de enero de 2019 la Fiscalia declaró que en efecto la reparación y el pago de impuestos multas y moras efectuado por Bunker había sido registrado antes del 22 de octubre de 2013, cuando se emitió la primera comunicación en que la SUNAT le atribuyó hechos de relevancia penal de manera clara. El 17 de abril de 2019 la Tercera Sala Penal aprobó el sobreseimiento. La Fiscalía Suprema recomendó la confirmación del auto del sobreseimiento el 2 de enero de 2020 y la Corte Suprema ratificó este criterio en Ejecutoria del 10 de febrero del 2021.