López Aliaga ha anunciado su candidatura a teniente alcalde de Lima. Ha sostenido en público, como si fuera una idea brillante, que su partido ha lanzado una falsa candidatura a Lima, un militante que se ha ofrecido para servirle de pantalla a fin de eludir, si es que logra hacerlo, la prohibición de reelegirse.

«Deberíamos estar intentando reconstruir el país desde los restos en que lo ha dejado esa enfermiza obsesión por demolerlo todo en la que hemos vivido desde diciembre de 2022.

Pero no. Cuales aves de rapiña, seguimos removiendo los escombros de nuestros propios restos desenterrados». No te pierdas la columna Removiendo los Escombros, de César Azabache.

Al cierre de esta nota no está claro si esa maniobra, un fraude a secas, va a ser aceptada o no por las autoridades electorales. Esperemos que no. Para desmontarla en sus propósitos basta con citar lo que él mismo ha dicho. Si tomamos la prohibición de reelección y nuestras reglas legales en serio, claro.

López Aliaga anunció que no va a recoger las credenciales que le permitirían ocupar una curul en el Senado. Entiéndase bien: no está renunciando al Senado. No es posible renunciar a un cargo que no se ha asumido. Su singular decisión no está listada entre las causas que habilitan la entrega del puesto a un accesitario. Con esto, si nada cambia, el máximo alcance de votos puestos a disposición del gobierno que se instalará en julio baja de 30 a 29 senadores.

El gobierno que se instalará en julio tampoco tiene mayoría de diputados. Puede bloquear cosas. Pero ya no podrá hacer grandes cambios en el tablero. Quizá por eso la frenética aceleración legislativa de estos días. Para mantener alguna forma de equilibrio, el gobierno necesitará hacer política en forma, organizar y promover acuerdos con bancadas que están lejos de su radio de influencia. Pero no veo que sus cuadros estén entrenados para eso.

En paralelo, la oposición deja nichos vacíos. Roberto Sánchez postuló a diputados, pero no ha podido alcanzar una curul. No logró reunir votos suficientes para eso. Y, sin embargo, se ha dado el lujo de embarcarse en un discurso fraudista que lo deja en franco ridículo y que, por cierto, debilita su posibilidad de desarrollar un perfil de influencia en el nuevo entorno político en formación. Jorge Nieto, después de un desempeño muy visible en las elecciones, ha puesto en evidencia que no se preparó para lo que sigue. Al cierre de estas líneas, su organización no ha logrado inscribir el mínimo de candidaturas que se necesitan para mantener vigente su inscripción política. Tampoco tiene un candidato para competir por la alcaldía de Lima.

El fujimorismo, por cierto, está en un barco semejante. Ha tenido el atrevimiento de mandar  cambiar la ley electoral para escapar de las consecuencias de su propia falta de previsión. Una de las leyes de última hora aprobadas en estas semanas rebaja los mínimos electorales en plena campaña regional y municipal. Un ejercicio abiertamente inconstitucional que probablemente las autoridades electorales no dejarán pasar.

O eso espero.

La clase política se muestra de esta manera diminuta, agotada, carente de músculo.

En el vacío que esto genera, los enclaves avanzan y aceleran la brutalidad de un proceso de demoliciones del que deberíamos estar saliendo. En medio de un relativo silencio, la Junta Nacional se impone en la escena con una decisión preliminar por la que pretende exigir a la Corte Suprema explicaciones sobre una decisión tomada hace cuatro años en el caso sobre esterilizaciones forzadas de los años noventa. Hace cuatro años, cuando se tomó esa decisión, las reglas de juego eran, por cierto, completamente distintas de las que pretenden regular las cosas ahora. Pero a los magistrados de la Junta eso no les importa. Pretenden juzgar hechos del pasado con los criterios que se han impuesto en el ciclo de demolición del que no logramos salir. Esa es la base desde la que, forzando sus competencias, pretenden convertir en una cuestión disciplinaria lo que representa una intolerable invasión de los fueros judiciales.

Este es el mismo entorno en que el señor Rospigliosi decide entregarle a la Policía y a la corporación militar el derecho de juzgar los excesos de sus propios integrantes. Un fuero privativo formado por oficiales activos de las fuerzas de seguridad pretenden encargarse de los casos generados por sus propios compañeros de armas, y en algunos casos por sus superiores. En medio de una sociedad institucionalmente destartalada el sistema pretende cancelar un sector entero de la justicia. Abrir una vía de escape en medio de las discusiones abiertas por el crimen de Manchay y la masacre de Colcabamba, que precisamente afectan responsabilidades policiales y militares.

La ruta que deberíamos estar recorriendo ahora es la contraria. Deberíamos estar intentando reconstruir el país desde los restos en que lo ha dejado esa enfermiza obsesión por demolerlo todo en la que hemos vivido desde diciembre de 2022.

Pero no. Cuales aves de rapiña, seguimos removiendo los escombros de nuestros propios restos desenterrados.