La forma del gobierno de la señora Fujimori debería poder dibujarse a partir del protagonismo que tuvo Luis Carranza en su entorno durante los debates de la segunda vuelta. De varias maneras, la presencia de Luis Carranza como referencia de lo que podría ser un gobierno fujimorista ha sido la oferta más robusta de su candidatura en la segunda vuelta. Carranza fue ministro de Economía en dos de los períodos más importantes de la primera década de este siglo: entre julio de 2006 y julio de 2008, durante un ciclo de expansión impulsado por las exportaciones, y durante el año 2009, en medio de una crisis financiera global.

Aquí, la paradoja: Luis Carranza, la principal oferta política de este fujimorismo, representa, al mismo tiempo y con bastante precisión, uno de los fundamentos del sistema político establecido entre los años 2000 y 2019: crecimiento con equilibrio fiscal y un MEF con un peso político de alguna forma equivalente al de la PCM.

Ese es precisamente el eje del sistema político que ha sido desmontado en el ciclo que debería terminar en julio.

Entonces, Luis Carranza, la mejor oferta política de Keiko Fujimori, representa al mismo tiempo el núcleo de las limitaciones que el fujimorismo debe superar para formar un gobierno equilibrado. Para que el par Fujimori-Carranza funcione, el fujimorismo debería abandonar buena parte de las formas de manejo del poder que ha instalado o contribuido a instalar en el período que debe terminar en julio de este año.

Desde 2016, cuando ganó la mayoría absoluta del Congreso, el fujimorismo se ha exhibido a sí mismo como un factor orientado hacia el desmontaje del sistema institucional establecido desde principios del siglo. No ha sido el único. En el Congreso corto de 2020 y en el último, instalado en julio de 2021, el fujimorismo articuló coaliciones integradas por franquicias que tenían el mismo propósito: desmontar instituciones de control político, económico y legal en función de intereses privados. Diez años haciendo lo mismo son suficientes para generar incapacidades adiestradas y dejar asentadas costumbres disfuncionales. La militancia y la representación parlamentaria del fujimorismo se han consolidado en estos años en ese ambiente y han aprendido a defender las prácticas derivadas del más abierto capricho. Hemos visto verticalizar el sistema legal casi por completo, subordinar al MEF a las necesidades del populismo, desmontar la Sunedu, conceder impunidad a los llamados «mocha-sueldos» e instalar la influencia y las cuotas de una repartija generalizada como motores de la gestión pública.

Es difícil articular un gobierno consistente, que debería ser la meta a partir de julio de 2026, y mantener al mismo tiempo satisfecha a la insaciable clientela generada en estos años. Los militantes y los parlamentarios del fujimorismo, los nuevos y los antiguos, llegan al período que comienza en julio con expectativas acumuladas sobre lo que representa tener poder y tener influencia. Respecto de ellos, la imagen de Luis Carranza representa un límite; una consigna que no sé cuán fácil sea digerir dentro del espacio fujimorista: acá se acabó; o el Congreso domestica todos los impulsos aprendidos en el ciclo que debe terminar en julio, o el segundo fujimorismo, el de la hija de Alberto, va a terminar pasando a la historia como más de lo mismo.

El peso de la historia. El que comenzará en julio no es el primero que necesita escapar de una trayectoria establecida. García se miró en el espejo de su propia historia en el ciclo 2006-2011. Tenemos que pasar por alto muchos capítulos difíciles de digerir para tener un balance limpio de lo que representó ese período, dejar al margen el peso de Bagua, de los Petroaudios y los narcoindultos, además de Odebrecht. Pero el García del segundo alanismo no fue el García del período 1985-1990. Concentrándonos en el manejo de la economía, fue uno distinto. El segundo fujimorismo, el de Keiko, suele apelar a la memoria de los años 90, al período de apogeo del régimen de Alberto. Pero del que necesita escapar es de su primer período de influencia institucional, el que se forja en el Congreso de 2016, pero se despliega plenamente a partir del Congreso corto de 2020: el ciclo del desmontaje.

La cuestión por resolver es esta: ¿el segundo fujimorismo, el de Keiko, podrá convertirse en algo distinto a lo que ha sido en estos años, los del desmontaje que empezó en 2019?

En el último tramo de su campaña, la señora Fujimori logró contener, entre otras cosas, la imperativa insistencia disruptiva del señor Rospigliosi, actual presidente del Congreso, adalid de la eliminación de todo vestigio de algo que sea semejante a una justicia independiente. Pero el recuento de votos prácticamente ha terminado. Y en estos días, la presencia pública de Luis Carranza ha sido menor que la del señor Rospigliosi. La agenda política no está instalada alrededor de un gabinete en formación. Gira en torno a la reinstalación del fuero policial-militar, incluso en medio de las secuelas de los crímenes de Manchay y Colcabamba, y alrededor de la intensidad con que la Junta Nacional insiste en desmontar lo que queda de la independencia de los tribunales.

Ambos procesos apuntan en la misma dirección: muestran que el desmontaje es un proceso que ha desarrollado su propio peso inercial; un dispositivo que está exhibiendo su capacidad de perseverar por su propia dinámica interna, más allá de la utilidad política que se le asigne o se le niegue.

Diez años alimentando demoliciones no son un buen punto de partida para ensamblar políticas de Estado. Las presiones internas por seguir haciendo las cosas tal como se han venido haciendo saltan a la vista en estos días.

¿Puede Keiko Fujimori contener el peso inercial de su propia organización?

Esa es la cuestión por resolver.