En marzo de 2021, A.M.M. ingresó a trabajar al Ministerio de Educación en un encargo especializado que se extendió hasta noviembre de ese año. Todo marchaba con normalidad.
En julio, se produjo un cambio importante en su entorno familiar: su padre político fue nombrado Ministro de Economía. Era un hecho relevante en el plano político, pero ajeno a su contratación, que se desarrollaba en otro sector del Estado.
Sin embargo, meses después, ese vínculo familiar se convirtió en el centro de un cuestionamiento. La Procuraduría del MINEDU presentó una denuncia basada en las declaraciones juradas que A.M.M. había firmado entre agosto y noviembre afirmando no tener impedimento para contratar con el Estado, a pesar de tener un vínculo de parentesco con un ministro. A partir de esto la Fiscalía abrió una investigación por presunta falsa declaración en procedimiento administrativo.
No solo estaba en juego un contrato ya concluido, sino su reputación profesional.
La defensa sostuvo una idea clave: el impedimento para contratar con el Estado no surge automáticamente por el parentesco. La ley y el Tribunal Constitucional exigen algo más —coincidencia de entidad o posibilidad real de injerencia en la contratación—, circunstancias que no existían. El Ministerio de Economía no intervino, no tuvo competencia ni capacidad de decisión en el proceso.
Finalmente, la Fiscalía archivó el caso y la decisión fue confirmada en segunda instancia. El proceso terminó sin acusación ni medidas en su contra.
Los impedimentos para contratar con el Estado no dependen de suposiciones. Existen reglas claras y precisas que deben aplicarse tal como están, no según interpretaciones imaginarias.