Un explosivo cargado de dinamita en el local de una fiscalía en Trujillo representa un punto de quiebre imposible de ignorar.

En nuestro caso debería forzar al gobierno a adoptar un tipo de respuesta en particular que está lejos de su enfoque de las cosas: Proteger a las fiscalías. El desafío no es menor porque este gobierno ha dejado en evidencia que ve a las fiscalías como un enemigo al que se puede despreciar incluso entregándoles carcasas de teléfono sin contenido. De ahí al objetivo urgente, protegerles, hay un salto difícil de imaginar.

La pasividad que hasta ahora ha exhibido el gobierno antes el avance de la violencia, de aquí en adelante, será equivalente a complacencia. La Fiscalía de la Nacion ya ha denunciado que registra al menos dos fiscales que están trabajando bajo amenazas en el mismo local en que se produjo el atentado. El asunto es entonces de extrema gravedad. Ya se ha dejado en abandono a la población de Lima y de la costa norte, a la que se está extorsionando sin límites visibles, sin estímulos para delaciones, sin recursos para proteger personas y sin posibilidades de detener preliminarmente a nadie. Ahora la violencia escala sobre las autoridades.

Y se expande. El lunes un periodista, Gastón Medina, fue asesinado a balazos en Ica, al sur de Lima.

O aquí se hace el giro que no se hizo con la primera huelga de transportistas o terminamos sellando el pacto del gobierno con la criminalidad económica violenta, acaso el cliente del que determinados sectores de la política esperan fondos para las siguientes elecciones generales.

El gobierno ha imaginado un mundo en que la violencia en expansión es una cuestión de cifras abiertas a interpretación; uno en el que el único problema real son los casos legales de la presidenta y su entorno, o los que afectan a los congresistas que la respaldan. Su idea del sentido de la ley, apoyada por el Congreso, se ha concentrado en desestimular la delación de crímenes (“colaboraciones eficaces”, les llamamos), romper las relaciones de coordinación entre la policía y las fiscalías, demoler al principal equipo de investigación de casos sobre criminalidad en el poder que se montó en tiempos de la fiscal Barreto y el coronel Colchado, bloquear investigaciones contra el entorno presidencial o parlamentario y quitarles a las fiscalías herramientas básicas como las detenciones preliminares o los allanamientos, además de recortarles el presupuesto e ignorar que esta vez la ola de corrupción que está en despliegue viene acompañada de asesinatos, como los perpetrados contra Nilo Burga y Andrea Vidal.

En ese extraño lugar que el gobierno ha elegido para mira las cosas, la tentación de ignorar lo que representa un cartucho de dinamita lanzado sobre una fiscalía debe ser enorme. Pero la evidencia es concluyente. Hablamos de una segunda frecuencia instalada en la ya incontrolable violencia que impregna Trujillo. Heber usado dinamita en ese atentado es equivalente a dejar huellas visibles en la escena del crimen: dejar pistas para que quede claro de donde vienen los perpetradores. Esto, de hecho,  no es vandalismo; no se trata solo de romper lunas. Se trata de amedrentar fiscales para que dejen de hacer las cosas que están haciendo.

A ver si ahora nos quedan claras las consecuencias que genera facilitar la circulación de dinamita, porque también sobre eso produce la ampliación del Reinfo.

Salvo en los 80’ finales y en los primeros 90’, hemos querido imaginar casi durante toda nuestra historia que las diversas formas de violencia con las que convivimos viven aisladas dentro de espacios que nos representamos como ajenos, distantes, clausurados: El valle del Ene y La Pampa, para poner dos ejemplos; pero también las invasiones, los cupos de construcción y los sobornos cotidianos. Aunque las cosas ocurran a pocos metros de nosotros hemos aprendido a aislarlas mentalmente representándolas como si fueran fenómenos encapsulados.

Sin embargo el esquema de violencia que ahora mismo está en expansión no admite fantasías semejantes. Esta forma de violencia se impone, se hace visible, exige ser reconocida y exige sumisión inmediata. Esta criminalidad no pretende permanecer invisible; quiere notoriedad, quiere controlar territorios enteros; crear fronteras que definan sus zonas de influencia como “propias”.

Esta, la que está abierta, es una disputa por el control del territorio interior de la república. Entonces ¿cuál será el papel del gobierno en este capítulo de nuestra historia? ¿Confrontará con la criminalidad violenta o mantendrá la pasividad práctica que ahora demuestra ante su expansión?

La única salida que encuentro útil representa un cambio de timón que también resulta lejano al perfil de este gobierno: Conformar un gabinete de transición formado por verdaderos expertos en políticas públicas que pueda actuar fuera de toda subordinación a Boluarte para poner en un orden mínimo al país antes de las elecciones del 2026.

No sé si algún o alguna genio de la política habrá imaginado que era una buena idea dejar que Boluarte destroce todo para después presentarse como salvador o salvadora de la república. Si a alguien se le ocurrió esa estupidez habrá que recodarle que no tiene sentido dejar que el bosque se incendie para jugar a ser bombero. La expansión de la violencia está adquiriendo un ritmo tan intenso que puede poner en riesgo la viabilidad de cualquier forma de gobierno autónomo más allá del 2026. Las economías ilegales apoyadas por la violencia no se expanden para luego dejarse reprimir o para negociar cuotas parciales de control territorial. Se expanden para destrozarlo todo y luego fagocitar los restos con la voracidad de un depredador.

Se nos está acabando el tiempo. Tenemos más cosas en juego que los Rolex de Boluarte.

Es reaccionar o dejar al país a la deriva