*Este documento ha sido preparado por AC-Firma con la asistencia de herramientas digitales.
Agosto ha colocado la seguridad y la justicia en el centro de la agenda del nuevo gobierno. Pero la escena no muestra todavía una política articulada. Hay un conjunto de reformas en preparación, conflictos entre las instituciones encargadas de investigar y juzgar, dudas sobre las cifras utilizadas para medir resultados y, al mismo tiempo, una disputa abierta alrededor de la independencia de fiscales y jueces.
El primer plano corresponde al propio funcionamiento del sistema penal. Las reuniones del Comando Unificado contra la Inseguridad y el Crimen Organizado han dejado expuestas dos discrepancias importantes.
La primera enfrenta a la Policía y al Ministerio Público sobre la investigación preliminar. La Ley 32130 y la sentencia del Tribunal Constitucional no han resuelto en términos operativos qué significa que la Policía realice la investigación mientras el Ministerio Público conserva su conducción jurídica. El Ministerio de Justicia ha abierto una mesa de trabajo para intentar establecer un protocolo común.
La segunda enfrenta al Ministerio Público y al Poder Judicial sobre las unidades de flagrancia. El Poder Judicial reclama una utilización más extensa del sistema y cuestiona disposiciones fiscales que limitan los delitos que llegan a esas unidades. La Fiscalía discute su utilidad para determinados casos. El desacuerdo ha alcanzado incluso las cifras: mientras el fiscal de la Nación ha minimizado los resultados obtenidos frente a la extorsión, el Poder Judicial sostiene que las unidades atendieron 193 casos de ese delito entre 2025 y 2026. También aquí se ha abierto una mesa interinstitucional.
Las mesas confirman que el Estado ha identificado problemas de coordinación. No permiten afirmar todavía que los haya resuelto.
Pero mientras se intenta coordinar a fiscales, policías y jueces, continúa otra disputa sobre la posición institucional de quienes investigan y juzgan. La JNJ mantiene abiertos procedimientos contra Delia Espinoza y esta semana ha examinado nuevos pedidos de destitución contra la ex fiscal de la Nación. El conflicto que comenzó alrededor de su reposición y de las decisiones adoptadas dentro del Ministerio Público continúa desplazándose hacia el terreno disciplinario.
En paralelo, Fernando Rospigliosi ha insistido en promover actuaciones contra jueces por decisiones adoptadas en casos políticamente sensibles. La controversia alcanza ahora a los magistrados de la Tercera Sala Constitucional que acogieron el amparo presentado por Espinoza frente al Congreso. Se suma a las denuncias y cuestionamientos formulados contra jueces por la aplicación de reglas de prescripción en procesos vinculados a violaciones de derechos humanos.
Este frente no puede separarse del debate sobre seguridad. Mientras una parte de la agenda busca hacer más eficaz la investigación y el juzgamiento, otra discute hasta dónde pueden utilizarse los mecanismos disciplinarios contra fiscales y jueces por las decisiones que adoptan. El problema ya no es solamente cómo conseguir que el sistema penal funcione, sino bajo qué condiciones de independencia debe hacerlo.
Un segundo plano se ha abierto alrededor del mando policial. El Gobierno ha puesto en discusión la continuidad del comandante general Óscar Arriola, pero la Ley 31570 establece un período de dos años y restringe su remoción a causales determinadas. El Ejecutivo ha anunciado que pretende modificar esa regla. La cuestión excede a Arriola: enfrenta la estabilidad profesional que la reforma de 2022 quiso asegurar al mando policial con la pretensión del Gobierno de poder cambiar la conducción cuando considera insuficientes sus resultados. Recuperar esa facultad puede significar también recuperar la posibilidad de cambios en cascada en la cúpula de la Policía.
El problema conduce directamente a las cifras con las que se están midiendo esos resultados. El Gobierno ha presentado una fuerte reducción de homicidios respecto de 2025 como evidencia de una mejora. Sin embargo, la base policial utilizada para la comparación presenta anomalías. Entre abril y junio de 2025 aparecen 133 víctimas registradas con cero años de edad y una concentración extraordinaria de homicidios bajo categorías poco determinadas. SINADEF muestra una reducción mucho menor que la que resulta de los registros policiales. Los datos disponibles permiten sostener por ahora la posibilidad de una disminución de homicidios; no permiten atribuirle con igual seguridad la magnitud que muestra la estadística policial. La consolidación del INEI tendrá que resolver esa diferencia.
Hay también medidas concretas en ejecución. Trujillo es el primer ensayo importante. Durante agosto se ha comenzado a instalar allí un circuito especializado contra la extorsión y delitos conexos: tres juzgados de investigación preparatoria, dos juzgados penales colegiados y una sala de apelaciones con competencia supraprovincial. El Ministerio Público ha dispuesto fiscalías especializadas y ha integrado este frente al sistema contra la criminalidad organizada. Es un intento de reducir los tiempos mediante especialización, pero todavía no existen resultados que permitan evaluar su eficacia.
Otro frente es el sistema penitenciario. El Gobierno ha anunciado que las Fuerzas Armadas asumirán tareas en la seguridad exterior de los establecimientos y en el control de los accesos, mientras la Policía mantendría las requisas internas. El proyecto comprende controles tecnológicos, bloqueo de celulares y drones, tratamiento diferenciado de internos de alta peligrosidad y nuevas reglas para el personal penitenciario. El Ejecutivo ha prorrogado además hasta fines de 2027 la emergencia del sistema penitenciario. El régimen jurídico que permitirá trasladar funciones de seguridad exterior a las Fuerzas Armadas todavía debe precisarse.
Al mismo tiempo ha comenzado una revisión del marco penal construido por el Congreso anterior. En la Cámara de Diputados se han presentado proyectos para derogar o modificar varias de las normas agrupadas políticamente bajo la denominación de “leyes procrimen”. El 23 de agosto el Ministerio de Justicia creó un grupo de trabajo interno para revisar la normativa vigente en materia de criminalidad y preparar proyectos de reforma. Algunas de esas leyes han pasado ya por el Tribunal Constitucional y otras controversias permanecen pendientes. Congreso, Ejecutivo y TC están revisando, por vías diferentes, partes del mismo ciclo legislativo.
A todo esto se agrega el anuncio de nuevos recursos y adquisiciones para la Policía. Se preparan compras de tecnología, vehículos y equipos para investigación criminal y especialmente para combatir la extorsión. Se ha mencionado un decreto de urgencia por alrededor de S/500 millones. Mientras no sea publicado o confirmado oficialmente en esos términos, la cifra debe mantenerse como un anuncio. Si el paquete se concreta, habrá que observar no solamente cuánto se gasta, sino qué se compra, mediante qué procedimientos y con qué mecanismos de control.
La escena de agosto es por eso contradictoria. El Estado intenta coordinar instituciones que discrepan entre sí al mismo tiempo que se intensifican los conflictos sobre la autonomía de algunas de ellas. Policía y Fiscalía discuten la investigación preliminar; Fiscalía y Poder Judicial, la flagrancia. El Ejecutivo quiere recuperar capacidad para cambiar al jefe de la Policía, pero las cifras con las que se evalúa su desempeño están bajo discusión. La JNJ mantiene abiertos los casos contra Espinoza y desde el Congreso continúa la presión sobre jueces por decisiones jurisdiccionales. Mientras tanto se ensayan juzgados especializados, se prepara una intervención distinta sobre las cárceles, se revisan las leyes penales y se anuncian nuevas compras.
Hay mucho movimiento. Todavía no sabemos si estamos viendo la construcción de una política de seguridad, una nueva distribución de poder dentro del sistema de justicia, o ambas cosas al mismo tiempo.