Entre 2007 y 2008, mientras crecían en Trujillo las extorsiones, el sicariato y las organizaciones criminales, comenzó a hacerse conocida una unidad policial dirigida por el entonces comandante PNP Elidio Espinoza Quispe. Espinoza estaba al frente del Escuadrón de Emergencia Este y operaba principalmente en El Porvenir, Florencia de Mora y Alto Trujillo.
Durante ese periodo murieron decenas de presuntos delincuentes en intervenciones presentadas inicialmente como enfrentamientos con la Policía. Las operaciones hicieron popular a Espinoza en una ciudad sometida a una creciente presión de las bandas criminales. Al mismo tiempo comenzaron a aparecer denuncias según las cuales algunas de esas muertes no habían ocurrido durante enfrentamientos, sino después de que los sospechosos fueran detenidos.
Una de las organizaciones que entonces ganaba presencia en Trujillo era Los Pulpos. Su núcleo estaba instalado en El Porvenir y una de sus principales figuras era Jhon Smith Cruz Arce, conocido como “Jhon Pulpo”. Años después, su hijo Jhonsson Smit Cruz Torres asumiría una posición central dentro de la misma organización.
En aquellos años circularon versiones sobre la existencia de listas de delincuentes buscados por el grupo de Espinoza. Jhon Pulpo habría figurado entre ellos. También se difundió la versión de que el temor a ser ejecutado influyó en su decisión de ponerse a disposición de las autoridades. Estas versiones formaron parte del ambiente que rodeó las operaciones policiales de esos años, aunque no equivalen a hechos establecidos judicialmente.
El episodio que finalmente llegó a los tribunales ocurrió el 27 de octubre de 2007. Cuatro hombres murieron durante un operativo policial. La versión inicial sostuvo que habían fallecido en enfrentamientos. La Fiscalía reconstruyó los hechos de otra manera: afirmó que los cuatro habían sido capturados con vida y ejecutados posteriormente mediante disparos.
Espinoza y otros nueve policías fueron procesados. El caso atravesó varias absoluciones y nuevos juicios. En septiembre de 2019, la Sala Penal de Apelaciones de La Libertad condenó a Espinoza y a los demás policías a 30 años de prisión. La sentencia consideró que las víctimas habían sido detenidas antes de morir y que se habían elaborado documentos policiales para presentar las muertes como resultado de enfrentamientos.
El proceso llegó a la Corte Suprema. En la Casación 1897-2019/La Libertad, resuelta el 25 de agosto de 2021, la Sala Penal Permanente consideró acreditado que los cuatro hombres habían sido privados de libertad durante la operación y posteriormente muertos mediante disparos. Los hechos fueron calificados como homicidio calificado por alevosía. Espinoza había muerto en abril de ese año, antes de que la Corte Suprema resolviera su caso, de modo que la acción penal contra él se extinguió sin que llegara a existir una condena firme en su contra.
La historia tuvo además una dimensión política. Espinoza había adquirido una considerable popularidad en Trujillo por la imagen de policía que enfrentaba directamente a las bandas. Esa popularidad sobrevivió a las investigaciones penales. Dejó la Policía, ingresó a la política y en 2018 fue elegido alcalde provincial de Trujillo.
Años después apareció un segundo caso denominado también “Escuadrón de la Muerte”.
No era el mismo grupo.
En 2016, al asumir el Ministerio del Interior, Carlos Basombrío informó sobre una investigación contra un grupo reducido de policías vinculado al comandante Raúl Prado Ravines. La investigación sostenía que estos policías habrían organizado operaciones destinadas a producir falsos enfrentamientos: obtenían información sobre presuntos delincuentes, preparaban intervenciones y posteriormente presentaban las muertes como consecuencia de intercambios de disparos.
La hipótesis incluía un elemento adicional. Los operativos habrían permitido obtener reconocimientos, ascensos y beneficios asociados al empleo de fondos de inteligencia. El Ministerio del Interior identificó seis operaciones sospechosas realizadas entre 2012 y 2014 en distintos lugares del país. La Fiscalía terminaría atribuyendo al grupo el asesinato de 32 personas entre 2012 y 2015.
Aunque este segundo grupo habría comenzado a articularse en Trujillo alrededor de 2010, sus operaciones investigadas se extendieron fuera de La Libertad. Basombrío evitó finalmente presentar el fenómeno como la existencia institucional de un “Escuadrón de la Muerte” dentro de la Policía y habló de un pequeño grupo irregular de efectivos.
La investigación derivó en un proceso penal que, a diferencia del primero, sigue abierto. El 14 de marzo de 2022, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó a Prado Ravines a 35 años de prisión por homicidio calificado, junto con otros trece policías, por la muerte de cuatro personas en un operativo realizado en Piura. Prado Ravines fue condenado sin estar presente: se mantenía en la clandestinidad desde 2019, cuando dejó de presentarse a las audiencias, y solo fue capturado el 5 de junio de 2025 en Comas, tras más de cinco años prófugo.
La condena, sin embargo, no sobrevivió a la apelación. Por decisión del 16 de septiembre de 2025, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró nula la sentencia contra Prado Ravines y los demás condenados —consideró, entre otras cosas, que la condena se había apoyado en declaraciones de colaboradores eficaces corroboradas solo con testigos protegidos y no con datos objetivos— y ordenó un nuevo juicio oral ante jueces distintos.
Prado Ravines permanece detenido únicamente por una prisión preventiva dictada en uno de los procesos derivados del caso. Hoy no pesa sobre él ninguna condena: el segundo escuadrón está, judicialmente, en el punto de partida.
También esta segunda historia tuvo su desenlace político. En diciembre de 2025, todavía preso, Prado Ravines fue inscrito como candidato al Senado, con el número 1 de la lista nacional de Un Camino Diferente, el partido del exalcalde trujillano Arturo Fernández, a su vez prófugo de la justicia.
Los dos episodios pertenecen, por tanto, a historias diferentes que terminaron compartiendo el mismo nombre y desenlaces judiciales opuestos. El primero, formado alrededor de las operaciones de Elidio Espinoza en 2007 y 2008, se cerró con condenas confirmadas en casación contra los policías sobrevivientes. El segundo, asociado a Raúl Prado Ravines, apareció públicamente en 2016, obtuvo una condena en 2022 y volvió a foja cero en 2025.
Pero ambas historias comparten algo más que el nombre y el escenario del crimen organizado en la costa norte. Comparten una coda electoral. Espinoza dejó la Policía procesado por cuatro ejecuciones y fue elegido alcalde de la ciudad donde había operado. Prado Ravines, detenido y a la espera de un nuevo juicio, encabezó una lista al Senado. En ambos casos la frontera entre captura, enfrentamiento y ejecución terminó siendo materia de investigación penal; y en ambos, la investigación penal no fue obstáculo para una carrera política.
Trujillo no solo produjo los dos escuadrones: produjo también los votos y los partidos dispuestos a recibirlos.
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