Primera conclusión: en contra de los justificados temores que generó el diseño de las elecciones, el exceso de candidaturas no canibalizó la representación. Ocurre en todos los mercados, también en el mercado político: la demanda se organiza conforme a su propia mecánica interna. Quizá el problema real es que apenas estamos aprendiendo a leer esa demanda.

Sin una interferencia tan grande como la que representó la pandemia en las elecciones del 2020 y en las del 2021, volvimos a un sistema de tres bandas definidas sobre cinco organizaciones políticas. La excepción, Obras, es una franquicia prácticamente nueva. Alcanzó representación porque la burbuja formada por la candidatura de Ricardo Belmont se levantó tarde y no llegó a pincharse del todo. Con algunos días más de campaña abierta, quizá habría terminado dentro del pelotón de los que no pasaron la valla.

La distorsión, sin embargo, es solo circunstancial. La clave que confirma esta primera conclusión proviene de la desaparición —ojalá definitiva— de las otras franquicias, las que poblaron el Congreso que cesa en julio de este año.

La segunda conclusión es más compleja: hay un factor nuevo en la escena. Uno cuyo peso político no hemos anticipado a tiempo. Las elecciones se han producido en un contexto marcado por el enorme incremento del peso relativo de la economía de metales de origen incierto en nuestro país. Oro, especialmente. No perder de vista que el valor total del oro de origen incierto exportado en el 2025 ha llegado muy cerca del total del oro de origen formal exportado el mismo año.

Cuando los actores de una economía alcanzan estas dimensiones, se diferencian en función de la posición que ocupan en el mercado. Pero, además, formalizan sus necesidades políticas en demandas específicas que necesitan canalizarse. Es el momento en que concentran sus preferencias. El resultado realinea el sistema de representación, que en una sociedad abierta no tiene cómo resistirse a su crecimiento diferenciado.

En estas elecciones, la economía del oro de origen incierto se ha mostrado dividida en dos subsectores: uno está formado por quienes concentran los mayores niveles de ganancia que se generan aquí: los acopiadores, los dueños de plantas de beneficio y los exportadores. Este sector parece haber concentrado su apuesta en una candidatura, la de López Aliaga.

Al frente están los mineros que manejan operaciones asentadas en el campo. Estos mineros extraen metal de lugares ocupados físicamente, zonas sobre las que no tienen más derechos formales que las excepciones que les otorga el Reinfo. Usan procedimientos no supervisados ambientalmente y tienen poco acceso propio a plantas sofisticadas de beneficio. Son, en los hechos, proveedores del primer segmento.

Este segundo sector parece haber optado preferentemente por Sánchez.

El ascenso de estos dos actores cambia la agenda política. El primero, el que acumula los mayores márgenes de ganancia, parece interesado en lograr que el Estado compre más oro. La vía: cambiar el patrón de reservas internacionales del país del dólar a ese metal. La opción no es absurda. Como tendencia, este cambio ya se registra en la economía internacional. Pero el riesgo está en las formas. El patrón de reservas internacionales del país es un asunto en extremo sensible. La posibilidad de cambiarlo debería discutirse en un ambiente equilibrado, uno que parta del más absoluto respeto a la autonomía institucional del BCR. Aquí debe frenarse a tiempo toda tentación de forzar las cosas. Y, en nuestro medio, esas tentaciones están a la vista.

Al otro lado de la vereda, los mineros de campo parecen orientados a demandar que el Reinfo se convierta en un sistema de permisos extractivos permanentes. Para lograrlo, parecen interesados en reducir las protecciones legales con que ahora cuentan las concesiones mineras ya establecidas, especialmente las no explotadas de manera directa. Esta es una demanda basada en ocupaciones físicas no formalizadas. Ese ya es un punto de partida complejo para abrir el debate. Pero, además, aquí no se ha registrado una separación clara entre este sector de la economía y aquel otro que no tiene reparos en invadir zonas que deberían mantenerse protegidas por razones ambientales o comunitarias. Aquí la diferenciación, particularmente importante cuando se trata de alejarse de patrones violentos, debe convertirse en una condición mínima para abrir el debate.

Queda por revisarse una tercera conclusión. El Congreso que cesa en julio deja en el sistema una serie de enclaves capturados por la mayoría, que usó sus competencias para elegir autoridades constitucionales. Entre ellos hay dos que, por la caída de las franquicias, han quedado sin soporte político: Sunedu y la Defensoría del Pueblo. Ninguno de ellos tiene por qué mantenerse secuestrado en el periodo político que se abre en julio. Los beneficiarios directos del desmontaje de ambas entidades, APP, Podemos y Perú Libre, han salido de la escena. Y los encargados de ambas entidades han dejado en evidencia la facilidad con que han mezclado sus competencias con decisiones entregadas al juego directo de intereses privados. Tocará al siguiente Parlamento discutir las consecuencias prácticas de estas decisiones.

La cuestión más difícil de discutir es la suerte de la actual Junta Nacional de Justicia. Demasiados pasivos acumulados en tan poco tiempo en funciones. Un sistema institucional que surge dividido en bloques necesita espacios de mediación que le permitan resolver controversias en un ambiente libre de interferencias gruesas como las que crea la actual Junta. Su permanencia o su reemplazo debe entrar en la agenda de un Parlamento que no tiene por qué arrastrar las fallas de origen que provienen d