Que una joven mujer, Lizeth Marzano, haya muerto atropellada por un auto mientras corría por una calle representa una escena desgarradora. Que el autor del crimen haya huido sin siquiera intentar atenderla y que su entorno se organice rápidamente intentando crear muros de protección a su alrededor resulta injustificable. Que toda la tensión que generan las imágenes que registran estos hechos desemboque en un debate sobre el uso de la prisión como respuesta inmediata al hecho resulta, en estas coordenadas, más que comprensible.

Esperar hasta que se pueda organizar un juicio para castigar al autor de un delito registrado en video de manera segura no es ya una idea fácil de defender. Nuestros procedimientos judiciales y nuestro lenguaje legal aún no están preparados para asimilar todo lo que representa la sociedad audiovisual como contexto de vida práctica. El sistema legal se ha quedado anclado en la flagrancia, la intervención de la autoridad en el momento del hecho, como única ruta para abreviar el procedimiento judicial. Pero el registro audiovisual, cuando se produce en fuentes seguras, está llamado a ocupar un lugar semejante, si no idéntico, al de la antigua flagrancia en la sociedad de nuestros días. En la actualidad no percibimos las cosas sólo cuando ocurren. Podemos perennizar un evento en fuentes que, en determinadas condiciones pueden ser usadas por las autoridades como pruebas constituidas al momento del hecho. Esta posibilidad representa un cambio tecnológico que es suficiente para mover al estante de recuerdos cientos de tratados legales sobre la flagrancia, sus consecuencias y las formas de distribuir la carga de la prueba en los procesos penales que se refieren a crímenes probados fuera de proceso

Pero el sistema legal es resistente a los cambios tecnológicos. Aún mantiene rutinas que provienen de la sociedad del papel y el expediente escrito. Y eso crea desajustes que multiplican la tensión en estos casos, en lugar de resolverla.

El sistema de justicia no tiene por qué ni cómo bloquear esa tensión. El desajuste está instalado en su falta de coordinación con el entorno tecnológico en que ahora se mueve. Parte de las voces que representan al sistema, algunos abogados de litigio especialmente, creen encontrar espacio para bloquear esa tensión apelando a formulaciones que encuentro superficiales sobre principios que se presentan simplificados, como la presunción de inocencia o la estricta necesidad procesal. Pero la cuestión que estamos discutiendo se refiere al retraso que predomina en el sistema legal, no a la vigencia de las garantías y derechos de los procesados o al avasallamiento de la justicia en manos de los medios.

La tensión, además, se hace mayor cuando el sistema, es nuestro caso, ha descuidado hacer cosas tan simples como comprar tobilleras electrónicas o construir prisiones intermedias para internamientos cortos diferenciados

Del otro lado, el que genera estos cambios tecnológicos se alimenta de desigualdades y, al mismo tiempo, las multiplica, las hace más visibles.

Cada día mueren en el país entre siete y nueve personas en accidentes de tránsito. Son casi tres mil personas por año. La mayoría de los accidentes que causan estas muertes no están registrados en video. Y no tenemos procedimientos estables que permitan que todas las víctimas, sin distinción, puedan acceder a los videos de seguridad que sí existen, pero permanecen ocultos o son eliminados periódicamente sin control de las autoridades. Los buses de transporte público en Perú no están obligados a llevar cámaras ni dispositivos de registro de eventos que cumplan una función semejante a las cajas negras de los aviones. Los agentes de seguridad o vigilancia tampoco. Las zonas urbanas periféricas tienen menos capacidad de registro audiovisual de eventos criminales que las zonas centrales. No se diga nada de las zonas rurales. Y la lista de omisiones continúa.

Los cambios en esta materia necesitan una actualización general de los procesos de registro de hechos y reacciones públicas ante eventos que causan daños, lesiones y muertes. Si quisiéramos pensar realmente en la justicia, tendríamos que instalarnos aquí, en la vida diaria, en el castigo hacia el delito cotidiano, en la reparación del dolor, y dejar de pensar en reformas concebidas como coartadas narrativas para descabezar y copar entidades constitucionales

Nuestra reacción frente al registro de eventos criminales es también asimétrica. Cuando se trata de muertes en protestas concedemos demasiado espacio a la indiferencia. Los registros audiovisuales de las muertes provocadas en las protestas que empezaron en diciembre de 2022 son de acceso libre y cubren buena parte de los cincuenta casos documentados por la prensa independiente. En particular, dos de esos registros muestran el momento en que un agente de policía disparó a corta distancia un proyectil de gas sobre el rostro de Víctor Santistevan, que murió por el impacto. Pero aun así, con el registro visual puesto sobre la mesa, nuestra indiferencia es capaz de sostenerse y negar respaldo colectivo a sus familiares.

La reacción sobre el caso Marzano es entonces, ella misma, consistente y desafiante. Denuncia un retraso evidente en la forma en que el sistema de justicia reacciona frente a asuntos tan sensibles como la muerte cotidiana registrada en soportes audiovisuales seguros. Pero además pone sobre la mesa otras asimetrías que provienen de la desigualdad que campea en las zonas periféricas de las ciudades, en las zonas rurales y en las carreteras. Y pone en evidencia el cerco que nos impide reaccionar también cuando los crímenes que se registran se refieren a eventos como las protestas de disidentes, en las que parecemos identificar a las víctimas como una suerte de otros-ajenos que no merecen nuestra indignación.