Hace solo unos días, según me informan, el aún ministro Santivañez hizo circular por algunas redacciones de medios una nota anticipando el allanamiento a su domicilio. Protestaba en esa nota por el uso de dos declaraciones de colaboradores eficaces como base para impulsar esa medida. Por cierto, para entonces la existencia de esos colaboradores no era pública. La presentación del pedido de allanamiento tampoco.

El domingo por la noche el señor Santivañez mostró al aire una versión escrita del reportaje que publicó Cuarto Poder el mismo día sobre los cargos relacionados al allanamiento, que se ejecutó recién al día siguiente. Esa versión, como admitió, le fue entregada antes que el reportaje se publicara. Y corresponde a un documento interno del programa. Es una versión cuyo origen se mantiene en la penumbra, especialmente después que la directora de comunicaciones de interior negara públicamente tener alguna relación con ese documento y renunciara a su puesto.

El caso principal con el que comienza la ahora turbulenta relación del señor Santivañez con la fiscalía proviene de un hecho que no se si considerar un descuido o una exhibición: Me refiero a las conversaciones que él niega haber tenido con un antiguo amigo suyo, el capitán Junior Izquierdo, ​que le grabó y entregó las grabaciones a la fiscalía. En ellas, la voz negada de Santivañez aparece relatando con absoluta soltura detalles más que perturbadores sobre conspiraciones protagonizadas por él o por otras personas del entorno del gobierno.

La historia completa muestra a un ministro con acceso a demasiadas cosas. Pero muestra también a un ministro que ha generado, por descuido o soberbia todas las crisis legales que rodean su periodo en el gobierno.

El allanamiento se ha ejecutado, aun no sabemos con qué resultados. La fiscalía ha pedido al judicial una orden que impida a Santivañez salir nuevamente del país. Él viajó a Europa el mismo lunes 3, el día que se anunció la solicitud y estará fuera hasta el 9 de marzo. Aún es temprano para saber si regresará a tiempo para esa audiencia. Pero el nuevo gesto de desprecio ha ya sido emitido.

El señor Santivañez no ha presentado más defensa que el simple negar que la voz que aparece en las grabaciones sea suya. Confirmando que no tiene nada adicional que decir o probar ha denunciado a la fiscal Espinoza ante la JNJ, ante el Congreso y de nuevo ante el Congreso. Al Juez que tendría que protegerle si se estuviera violando sus derechos solo le ha pedido que sus casos se acumulen en uno solo. Ninguna medida de protección. Imposible dejar más claro que busca aliados, no protección legal.

La controversia está escalando. La fiscalía ha incrementado el numero de cargos en su contra. Le ha allanado y pide que se impida su salida del país. El gobierno ha expresado su respaldo a Santivañez agresivamente, llamando golpista a la fiscalía.

Detrás del ruido de las {ultimas declaraciones de la señora Boluarte siguen sonando las grabaciones que Junior Izquierdo ha entregado a la fiscalía.

Santivañez intenta protegerse en base a alianzas. No causa sorpresa que las busque en el Congreso, donde hay una mayoría poblada por personas que tienen agendas legales propias. No dudo que a algunas de estas personas les encantaría tener al frente una fiscalia más condescendiente que la que ahora tienen. La agenda compartida por el señor Santivañez con el Congreso parece sin embargo demasiado tupida para producir resultados inmediatos a su favor. Ahí está la interpelación que ha impulsado en su contra la congresista Paredes por el manejo de la violencia interna. Y su pérdida de un papel de importancia en los debates sobre las leyes que el Congreso quiere reformar. La cuestión sobre las investigaciones preliminares de delitos, que la mayoría quiere mantener bajo exclusivas competencias policiales, está ahora en manos del TC, que además tiene que tomar una decisión sobre la ley de extinción de dominio. Aquí y en detenciones preliminares, un asunto atrapado en un bucle, la representación del gobierno parece estar en manos del Ministerio de Justicia, no en las suyas.

De hecho la espectacularidad de los desaciertos del señor Santivañez perturba una escena que podría ofrecernos vías más equilibradas de salida si el TC, que ya debe haber notado que tiene por delante un mandato más extenso que el del gobierno y el de este Congreso, decide hacer su trabajo apropiadamente. Si decidiera hacerlo, a pesar de no ser un tribunal con experiencia en los complejos procedimientos de extinción de dominio, podría poner algo de orden en una materia en que el Congreso se está entrometiendo por un simple juego de intereses particulares por sobre una fiscalía que ha decidido cerrar filas en defensa de la ley. Hace solo unos días Ricardo Uceda ha mostrado, en una parte de su columna, que en esta área también hay historias que muestran la necesidad de hacer ajustes, aunque ellos no provienen de los cambios que impulsa el Congreso.

En el pasado reciente el TC ha dejado en evidencia su preferencia por dejar que el Congreso se imponga cuando quiere hacerlo. Pero hace poco contuvo a la mayoría cuando quiso modificar a su antojo las reglas de votación de casos sobre competencias constitucionales. No veo imposible que el TC decida ahora mediar en la escena y empezar a resolver cosas seriamente.

Un TC que decida hacerse autónomo funcionaría en un ambiente más equilibrado que el que generan los extraños giros del señor Santivañez. Uno que se mantenga a salvo de la forma en que, siguiéndolo, la señora Boluarte multiplica la polarización que todavía nos está engullendo.

Bajar el volumen al ruido que genera el señor Santivañez y subirlo hacia un TC que tiene en sus manos un par de oportunidades inmejorables para cambiar su papel en esta historia.

No parece tan difícil.