El caso Benavides puede admitir una disputa real ante los tribunales de justicia si sus promotores dejan de enredarlo todo, cambiando arbitrariamente los nombres de las cosas.

La señora Benavides no fue suspendida primero (diciembre 2023) y destituida después (mayo 2024) por alguna lucha intestina de las que, sin duda, subsisten dentro de la fiscalía. La señora Benavides perdió el puesto y buena parte de la legitimidad que había ganado cuando quedó en evidencia con qué intensidad y a qué costos estaba desarmando las investigaciones que se seguían contra su hermana, una jueza superior que acaba de ser repuesta también, y que arrastra en su haber el caso más importante de corrupción judicial asociada al narcotráfico que se ha registrado en nuestra historia reciente.

Sustituir la historia de su salida por nada (observen que no hay una verdadera historia de reemplazo) muestra con enorme crudeza hasta qué punto es posible hoy armar y sostener campañas de propaganda que comienzan intentando borrar hechos que ya han sido establecidos. Viendo las cosas en perspectiva, es fácil reconocer en esta campaña los mismos elementos que están presentes en otras, como las que se montaban cada tanto sobre el Lugar de la Memoria y se montan hoy en día contra ONGs y el periodismo de investigación. El tipo de propaganda que se ha empleado estos días en este caso ataca directamente los procesos de formación de memorias colectivas. Al hacerlo, dañan gravemente el fundamento de las instituciones; ellas se conforman a sí mismas alimentándose de esas memorias.

Son campañas anti memoria: una enorme exhibición de fuerza coral (jamás una sola vocería), capaz de imponer consignas que pasan por encima de hechos documentados, testimonios, evidencias y reglas. Una campaña que se construye repitiendo embustes hasta dejarlos sedimentados. Una oferta abierta a quienes querrían incluso poder borrar las huellas digitales que ha dejado su historia.

“Nosotros lo limpiamos todo”, como lema.

“La JNJ ha repuesto a la señora Benavides”. Lo hemos escuchado y leído por más de una semana. Pero es falso: lo único que tenemos a la vista es un documento que firma un solo magistrado, el señor Ríos Patio, en un formato semejante al de una ponencia, es decir, una propuesta de fallo que no llegó a completar, acaso ni siquiera a comenzar, el procedimiento de recojo de firmas de los demás magistrados que debieron firmarlo. Puede ser confuso para el público en general, pero en el Perú ningún órgano colegiado adopta decisiones sin documentar la firma de todos sus integrantes.

“Para anular un proceso como el que condujo a la destitución de la señora Benavides bastan seis votos”. Esta es la segunda consigna que se ha repetido en estos días, aunque ya ha empezado a circular en las redacciones de los medios un relato que sostiene que la propuesta de entregar a la señora Benavides la Fiscalía de la Nación no se discutió jamás con los cinco magistrados que no han firmado el texto del señor Ríos Patio.

“La unanimidad no se exige en estos casos”. Falso si se observa que el TC, en la sentencia de 13 de febrero de 2024 (caso Falconí), ha dejado ya establecido que para anular procedimientos vinculados a altas magistraturas (en el caso se discutía la conformación de la propia JNJ) se requiere unanimidad. En este caso, siete votos, no seis.

“La JNJ ha ordenado reponer a la señora Benavides bajo apercibimiento de usar la fuerza pública”. Falso si lo que existe es un papel firmado por una funcionaria que trabaja en una de las áreas administrativas de esa entidad; una funcionaria que no es magistrada y no tiene competencia, ni procedimiento ni norma que la respalde. De hecho, ella no puede representar a la JNJ ante ninguna entidad pública (torpe, además, si notamos que se dirige a la Fiscal de la Nación, cuando la competencia para decidir quién ejerce ese cargo corresponde a la Junta de Fiscales Supremos).

“La JNJ ha promovido una conciliación”. Absurdo si se observa que concilia entre las partes un tercero imparcial, no quien ha provocado el entuerto, y menos si solo unas horas antes mandó decir que buscaría el auxilio de la fuerza pública. Doblemente absurdo si se observa que el anuncio fue hecho sin marcar la hora de la cita.

No deja de sorprenderme la cantidad de promotores que ha reunido esta campaña. Especialmente porque muchas de las personas que han desfilado por los medios repitiendo estas consignas son personas mayores, con trayectorias profesionales formadas; no jóvenes recién adoctrinados ni operadores de campaña.

Me parece escalofriante que personas habituadas a formar opiniones sólidas admitan reproducir consignas formadas en el aire, sin nada semejante a un esfuerzo mínimo por confirmar hechos o fuentes.

Al cierre de estas líneas, el presidente de la JNJ parece haber agotado la lista de subordinados dispuestos a firmar documentos que él, aparentemente, ya no está dispuesto a firmar. La señora Benavides, en cambio, ha optado por algo absolutamente saludable: ha decidido tomar parte en el proceso de amparo que ha solicitado la Fiscal de la Nación para poner punto final, ante el judicial, al acoso al que se está sometiendo a las fiscalías.

A partir de este evento, registrado el día de ayer, será un juez constitucional el que decida cómo se estabiliza y cómo termina una historia que, por cierto, jamás debió comenzar.

Recordemos que el 13 de junio, cuando se difundió el documento firmado por el señor Ríos Patio, la señora Benavides venía de ganar una apelación y tenía un proceso de amparo a su disposición. No necesitaba todo este desorden. Ayer, al presentarse al amparo solicitado por la Fiscal de la Nación, la señora Benavides ha regresado al espacio institucional en el que debe defender su caso: el espacio judicial, del que nunca debió moverse.

Sin más campañas anti memoria.