El sábado que pasó el gobierno promulgó una nueva reforma a las reglas del financiamiento político. La nueva ley hace posible inyectar fondos de empresas privadas a campañas, una vía que se mantuvo cerrada cuando se aprobaron las reformas de 2019.

Esta vez, la idea detrás de la ley, si bien no la ley misma, ha tenido el respaldo público de voces como la de Carlos Meléndez, uno de los politólogos más influyentes de nuestro medio. Meléndez ha criticado que la reforma de 2019 haya cancelado el acceso de la política a fondos de empresas. La medida puede reconocerse como una reacción casi impulsiva al descubrimiento de los casos de corrupción política que forman parte de la historia de Lavajato. Meléndez objeta que la cancelación, adoptada sin excepciones, dejó el financiamiento oficial prácticamente en manos del Estado, con todas las ineficiencias que importa eso y con el sesgo que representa que el financiamiento público se concentre en las organizaciones ya establecidas en el Congreso, no en la generación de tras nuevas.

Conservar un sistema de dos o tres partidos principales es una cosa. Terminar sosteniendo la reproducción de esta malla actual carente de formas definidas, una muy distinta.

Pasados los años es imposible negar que las reformas del 2019 dejaron por debajo del radar un componente del mercado que terminó ganando la partida: Las economías ilegales. Imposible dejar de observar que los delitos por financiamiento ilegal, que fueron incluidos en nuestra legislación por la reforma de 2019, han tenido una incidencia realmente mínima en la contención de las filtraciones de estos fondos en las dos últimas elecciones.

Importante respetar los matices con que se leen las cosas, pero la conclusión práctica es exactamente la misma. El esquema no ha funcionado como se esperaba.

Bajo la nueva reforma un candidato o una candidata que decida postular pero no acepte fondos ilegales o no registrados puede optar por buscar fondos privados sin tener que esconderse, aceptar esquemas semi clandestinos o buscar donantes de reemplazo que oculten la identidad de su fuente de financiamiento. Pero el esquema encierra una trampa que no podemos justificar ¿Por qué la candidata o el candidato de este supuesto debe solamente buscar empresas privadas, es decir, organizaciones con fines de lucro?

La limitación es expresa: Está en el artículo 31.d de la ley. Las empresas privadas pueden hacer aportes,, pero no pueden hacerlo otras organizaciones sociales como las Cámaras de Comercio, los Frentes de Defensa, la Derrame Magisterial, las Cooperativas de Productores, los gremios de transportistas, la Federación de Construcción Civil y los sindicatos que nos quedan.

¿Por qué?

La política genera un producto que se llama influencia. Quien invierte en política, más si lo hace directamente, a través de los partidos y no de fundaciones o institutos de investigación, adquiere una posición de ventaja frente a quienes no pueden hacer una inversión equivalente. Abrir espacios para el financiamiento empresarial a la política y mantenerlo cerrado para sindicatos, Cámaras y otras organizaciones sociales representativas es profundamente discriminatorio.

Equivale de hecho a regresar a mediados del siglo XIX.

Me cuento entre quienes partieron en este debate asumiendo que lo derechos políticos son individuales y no colectivos. Las empresas no votan. Los sindicatos tampoco. Me cuento entre quienes partieron asumiendo que la cuestión del financiamiento de la política debía limitarse a aportes personales regulados y a subvenciones estatales. Pero me resulta imposible negar que la historia de los partidos políticos se ha escrito de otra manera: Desde que la revolución industrial tomó el control de la economía la política se ha organizado sobre esquemas de financiamiento construidos a partir de empresas y de los sindicatos. Que ahora, en el XXI, la sociedad sea más compleja debería ser una razón para abrir la lista, no para volver a cerrarla hacia las fuentes del capital empresarial. El financiamiento de la política, como el propio sistema de gobierno, depende de tradiciones locales, no de conceptos impuestos conforme a preferencias personales. Por eso partir, como he venido partiendo de asumir como axioma que la política es cuestión de personas físicas y subvenciones estatales no funciona. Melendez tiene razón: Las empresas siempre han aportado en política. Deben poderlo hacer, aunque adaptando los protocolos de transparencia y cumplimiento ahora en vigencia.

Lo que no tiene sentido, e imagino que Melendez tampoco justificaría, es que se excluya de esta apertura a las organizaciones sociales representativas formales que no son empresas privadas.

Encuentro esta exclusión inconstitucional. Si vamos a abrir la puerta a que las empresas participen en política financiando candidatos, entonces deben poder hacerlo las organizaciones locales no lucrativas: Cámaras de Comercio, gremios y sindicatos, Frentes de Defensa, Cooperativas de Productores, Derrama.  El fundamento es exactamente el mismo para todas.

No encuentro como puede justificarse limitaciones arbitrarias.

Abrir el financiamiento de la política a todas las organizaciones sociales, no solo a las empresas con fines de lucro, puede constituir una oportunidad inmejorable para generar nuevas formas de incidencia sobre la oferta de representación que recibimos. Las primarias, las llamadas PASO, habrían podido tener un efecto semejante y lo perdimos. No perdamos la segunda oportunidad ahora.

Nuestras organizaciones sociales pueden convertirse en nuevos generadores de una representación que necesitamos volver a definir, si las dejan intervenir en el financiamiento de la política. La política siempre ha adquirido la forma del dinero que la sostiene. No permitamos que esa forma sea ahora la que corresponde a una grosera desigualdad